SIC LANZA GUÍA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS FOTOS

SIC LANZA GUÍA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS FOTOS

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó la “guía sobre el tratamiento de las fotos como datos personales” en donde presenta sugerencias para el tratamiento de las fotos para evitar irregularidades respecto a las normativas de Tratamiento de Datos Personales (TDP).
El documento hace una aproximación sobre las diferentes perspectivas jurídicas sobre las fotos: - La foto y los derechos de autor. - La foto y los actos de competencia desleal. - La foto y el derecho a la imagen. La guía profundiza en el tema: “La foto como documentos que contiene datos personales sensibles”.
La entidad explica que no toda foto es por sí misma un dato personal, por el contrario, solo están enmarcadas en esta categoría aquellas que contengan “cualquier información vinculada o que puede asociarse a una a varias personas naturales determinadas o determinables" (Art. 3 Ley 1581/12). En otras palabras, la foto se constituye como un dato personal cuando permita establecer la identidad de una o varias personas naturales en particular. Casos como un rostro pixelado o que esté de espaldas no corresponde a datos personales, pero si es posible identificarla por otra parte de su cuerpo o su cara, dicha imagen puede entenderse como información biométrica (La cual también es un dato sensible según la ley 1581/12).
Así que cuando se toma una foto en la cual se puedan identificar o sean identificables personas naturales, solo podrán ser utilizadas en la forma que lo autorice el titular del dato o por la ley.
Aunque existen excepciones a la ley como el uso doméstico, el cual se presenta cuando las fotos son para el ámbito privado o familiar de las personas naturales (Álbum familiar); también puede ser interpretado que las personas jurídicas (empresas, organizaciones, gremios), no son comprendidas por esta excepción cuando las fotos circulen internamente. De igual forma, si una persona toma fotos de sus amigos con fines no comerciales y quiere compartirlas a un tercero, deberá obtener primero la autorización de sus amigos.
Respecto a las fotos con fines periodísticos y editoriales entra en la excepción (libertad de prensa), siempre y cuando estas fotos: bases de datos y archivos fotográficos de las editoriales, no se utilicen con fines comerciales o de marketing.
Con el fin de evitar la vulneración de los datos personales y su tratamiento, la SIC recomienda:

  • Obtener autorización previa, expresa e informada para tomar fotos y usarlas.
  • Verificar la procedencia legítima de las fotos que le suministran terceros.
  • Tener presenten las reglas especiales para tratar fotos de menores de 18 años.
  • Informar al fotografiado (a) los fines específicos para los cuales se usarán las fotos.
  • Exigir el respeto de la regulación de protección de datos a los terceros que contrate para el tratamiento de fotos.
  • Abstenerse de obtener fotos de manera engañosa y no asumir que las fotos de acceso público pueden usarse libremente.

Debe tenerse en cuenta, que la normatividad que trata la Guía es el decreto 1377 de 2013 en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la Ley Estatuaria 1581 de 2012. Es importante anotar que la SIC no mencionó la totalidad de la norma vigente que debe cumplirse, motivo por el cual esto no significa que la omisión de estas sea un eximente de responsabilidad a la hora de cumplir las obligaciones jurídicas pertinentes.

 

Puede descargar la guía completa del siguiente enlace:

Descargue la guía de la SIC

(clic en la imagen)

 


*Información tomada de “Guía sobre el tratamiento de las fotos como datos personales”, Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Protección de Datos Personales, Colombia, 2020.

**CRL LEGAL Compliance, Risk and Law no se atribuye la propiedad del material descargable (Fair Use), reconociendo que el autor de dicho documento es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

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Dos Reformas Pro-Compliance

Dos Reformas Pro-Compliance

Publicado en: Dos Reformas Pro-Compliance

Diana Marcela Rivera

CRL Compliance, Risk & Law 

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Desde ACIEC queremos darle una primera mirada a los dos proyectos de ley que pretenden modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal con el fin de implementar en Colombia la responsabilidad de las personas jurídicas, hecho relevante que necesariamente es del resorte de nuestra asociación creada para promover la cultura de integridad, ética y compliance en las empresas colombianas.

No nos corresponde en esta oportunidad plantear una discusión si la iniciativa confronta o no la médula espinal de la dogmática penal. El enfoque pragmático de este artículo se basa en lo que nos ofrece realmente el legislador colombiano en el camino que al parecer escogió para cumplir con diferentes compromisos internacionales de Colombia, que obligan a incorporar en nuestro ordenamiento jurídico ya sea en la legislación civil, penal, o administrativa, la responsabilidad de las personas jurídicas.

El gran protagonista de estas iniciativas de lejos es el Compliance, entendido como aquel cumplimiento normativo con enfoque de riesgos penales que deben implementar las empresas para prevenir, detectar y sancionar el delito corporativo. El Compliance con esta legislación, empieza a ganar terreno en Colombia como el instrumento de prevención por excelencia para que las organizaciones no sean presa de intereses delictivos de sus terceros.

El proyecto de ley 149 de 2020 (en adelante proyecto Cámara) define su objeto de la siguiente manera: “La presente ley tiene como objeto crear el régimen jurídico de responsabilidad penal para las personas jurídicas de derecho privado, definir los elementos del programa de prevención y gestión de riesgos penales y establecer los programas de prevención y gestión de riesgos penales que deben adoptar las entidades públicas”.

Este mismo proyecto, contempla que: “Las personas jurídicas de derecho privado responderán penalmente por los delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, contra el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, por todos aquellos delitos que afecten el patrimonio público”

De otro lado, el proyecto de ley 178 de 2020 (en adelante, proyecto Senado) define su objeto así: La presente ley establece un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional, y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Se perciben diferencias en ambos proyectos, por ejemplo, en el proyecto Cámara se plantea 4 grupos de delitos que obedecen a 4 bienes jurídicos a proteger, abarcando 88 delitos: 44 contra la administración pública, 13 contra el medio ambiente, 17 contra el orden económico, 5 contra el sistema financiero, 1 relacionado con la urbanización ilegal, 8 contra el contrabando, 6 relacionados con el lavado de activos y 4 contra el apoderamiento de hidrocarburos.

Todo esto para decir que aunque la intención es buena, en el proyecto Cámara se echa de menos la técnica  para poder identificar a la persona jurídica como sujeto activo de un delito realmente, porque en la inmensa mayoría de los delitos contra la administración pública se requiere de lo que se denomina un sujeto activo calificado, que para el caso tiene que ser un servidor público, condición que la persona jurídica hasta ahora no puede ostentar; por lo que sería provechoso por pedagogía limitarlos a aquellos en los que sí pueda adecuarse la conducta, por ejemplo: Cohecho por dar u ofrecer, (Art 407 CP), acuerdos restrictivos de la competencia (Art 410A), tráfico de influencias de particular ( Art 411A), usurpación de funciones públicas (Art 425A), soborno transnacional( Art 433), omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes (Art. 434A), defraudación o evasión tributaria. (Art 434B), etc.

El alcance del proyecto Senado es más limitado, incluso excluye desde su objeto, los delitos contra la administración pública que puedan cometer las personas jurídicas, lo cual seguro acarreará debates en contra de esa posición por la importancia que reviste en la lucha contra la corrupción los protocolos y las maneras como las empresas privadas deben relacionarse con el estado, mucho más porque la mayoría de los compromisos internacionales del país obligan incluir este tópico.

Lo cierto es que ambos proyectos de ley encumbran el Compliance como herramienta no solo para la prevención del delito corporativo sino para la defensa judicial en caso de que la persona jurídica resulte perseguida penalmente por alguno de los delitos enunciados, de allí que el proyecto de Cámara diga que: “La persona jurídica no será responsable penalmente por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 100A del Código Penal” (…) con la condición entre otras de que (…) “El órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, programas de prevención y gestión de riesgos penales que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión “

Por su lado el proyecto Senado, establece que (…)  “ La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumple la siguiente condición: que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, un compliance penal para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Si el modelo de gestión y organización es adoptado de forma parcial, esta circunstancia se tendrá en cuenta para una atenuación de la pena. En tratándose de empresas de pequeñas dimensiones la función de supervisión puede ser asumida por el órgano de administración”.

Como elemento interesante es el componente resocializador de la pena que tan difícil se ha tornado para las personas naturales y que en esta oportunidad se insiste para las personas jurídicas, en la dogmática penal, es un fin de la pena que las personas se rehabiliten y se reincorporen a la sociedad y esta norma quiere trasladar este “ideal” al ente jurídico al abrir la posibilidad de corregir comportamientos y demostrar compromiso con su no repetición para redimirse y volver a participar en el mercado, así: (…) podrá acogerse a la posibilidad de rehabilitarse durante el período que dure la pena o después de ésta, si adopta un compliance programa eficaz, y además que se compruebe ruptura de todos los vínculos con las personas u organizaciones que participaran en las conductas ilícitas”. En otras palabras, el compliance penal se erige como un elemento antes, durante y después de la sanción penal.

Como argumento sobredimensionado del proyecto Senado en nuestro concepto, es la calificación de derecho fundamental que le da al Compliance, algo que sugerimos se corrija en aras de la seriedad de la iniciativa.

Se ve con entusiasmo como a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, por lo menos en la iniciativa de Senado, se prevé la obligatoriedad del Compliance para las MYPIMES, obligaciones que deberán ser proporcionales a su capacidad y tamaño para no frustrar la integralidad de esta cultura en todo el contexto empresarial colombiano.

De lo anterior se puede concluir que ambas reformas buscan introducir la cultura Compliance por conducto de la norma, lo cual es una buena noticia en materia de transparencia. Igualmente se observa una especie de justicia premial al darle valor a la prevención y mitigación del riesgo penal,  al crear una ficción legal que le otorgue  a la persona jurídica la voluntad que echa de menos la dogmática penal que no concibe el delito sin voluntad y por lo tanto sin humanos, preconstituyendo  un método para medir la  “intención” de la empresa investigada  de cumplir o no  las normas y programas de cumplimiento.

Muchos temas de estos proyectos de ley quedan pendientes de análisis, siendo uno de ellos el Compliance en el sector público que el proyecto Cámara plantea en la descripción de su objeto, punto que merece todo el interés y que representa un gran reto para que no sea letra muerta bajo el entendido que habrá que abordarlo desde la inimputabilidad de las empresas estatales, es decir, sin que puedan ser sujetos de persecución penal pero que a la vez permita incorporar políticas de ética e integridad en sus actuaciones.

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PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN NOTARIAL

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN NOTARIAL

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) ha planteado el proyecto para la digitalización notarial a 2021, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante la implementación de nuevas tecnologías para simplificar los trámites.
Los anexos realizados por la SNR, pauta las características técnicas, la normativa, y funciones que deben cumplir las notarías para la prestación de servicios notariales electrónicos; para lograrlo establece unas condiciones, lineamientos, estándares, directrices técnicas de seguridad, interoperabilidad, integridad, disponibilidad, no repudio, confidencialidad y accesibilidad.
La siguiente es la evolución normativa de este tema

  1. Decreto ley 960 de 1970
  2. Ley 962 de 2005
  3. Decreto 019 de 2012
  4. Decreto ley 1995 de 2019
  5. Decreto ley 2106 de 2019
  6. CONPES 3975 de 2019
  7. CONPES 3975 de 2020
  8. Decreto 620 de 2020
  9. Decreto 2052 de 2020

Entre los lineamientos generales para los trámites electrónicos se encuentran:

  1. Deben obedecer a los procedimientos definidos en físico y garantizar la seguridad jurídica para evitar las suplantaciones.
  2. Todos los trámites efectuados vía virtual deben tener trazabilidad integral.
  3. La solución tecnológica debe garantizar los principios de interoperabilidad, seguridad, oportunidad, disponibilidad e integridad.
  4. La solución tecnológica debe estar implementada para entornos web y móvil.
  5. La interfaz de los trámites debe tener la descripción del trámite, los requisitos para llevarlo a cabo, los pasos a seguir, la tarifa y los medios de pagos electrónicos.
  6. La solución tecnológica debe ser modular.
  7. Implementación de una codificación para garantizar la autenticidad, inalterabilidad y singularidad del documento.
  8. Debe tener un mecanismo adicional de verificación de rogación notarial.
  9. Debe permitir los pagos de servicios a través de los canales electrónicos cumpliendo los controles de seguridad y protección de datos, además de otras normas establecidas por las autoridades competentes.
  10. La solución tecnológica debe permitir que el usuario envíe y cargue a la notaría los documentos necesarios para la ejecución del trámite notarial.

Para realizar estos trámites debe tenerse un sistema de autenticación que ofrezca los niveles alto, y muy alto según la necesidad. Esta autenticación se distinguirá en dos etapas: Registro y Autenticación.
La SNR adjunta una lista de procesos para los trámites notariales que contiene los requisitos, los tipos de presentación que requiere, y la vigencia del soporte, que podrá ser descargado del enlace: https://www.supernotariado.gov.co/proyecto_digitalizacion_notarial.html

 

*CRL LEGAL Compliance, Risk and Law no se atribuye la propiedad del material descargable (Fair Use), reconociendo que el autor de dicho documento es la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).

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¿Cómo calcular la liquidación laboral y qué hacer si no se la pagan?

¿Cómo calcular la liquidación laboral y qué hacer si no se la pagan?

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Los vínculos laborales pueden terminar en cualquier momento y, aunque se trate de un contrato a término fijo o indefinido, habrá dos palabras que deben estar siempre presentes: liquidación laboral.

Un contrato se puede terminar por múltiples situaciones: la muerte del trabajador, mutuo consentimiento, expiración del plazo fijo pactado, la terminación de la obra o labor contratada, liquidación o clausura definitiva de la empresa y la suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días o por decisión unilateral.

En este pódcast de la revista Dinero le contamos los beneficios que puede obtener al momento de una liquidación laboral, las prestaciones sociales que se deben tener en cuenta para calcular el monto que recibirá y los deberes que usted también tiene como empleado. 

Los expertos que responden a las principales inquietudes y le brindan recomendaciones en este episodio son Mario Andrés Rodríguez, Senior Manager del área Legal de BDO en Colombia; Santiago Martínez, socio de Godoy Córdoba Abogados; Camilo Cuervo, socio director de la Unidad de Derecho Laboral de ‎Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados; Ghilmar Borrero Mora, socio de la firma CRL Legal y Carolina Camacho, socia de Posse Herrera Ruiz.

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Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores

Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores

 

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Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Publicado en: Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Eduardo Cardona Mora

Presidente CRL Compliance, Risk & Law 

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En materia de derecho penal evidenciamos en principio tres delitos. El primero es el de homicidio con dos causales de agravación punitiva, como lo es poner a la víctima en estado de indefensión y la sevicia, lo que podría representar entre 400 y 600 meses de prisión. El delito de tortura al que se refiere el artículo 178 del Código Penal, con dos causales de agravación punitiva: haber sido ejecutado por servidores públicos y, además, utilizando bienes del Estado, que es castigado hasta con 360 meses de prisión (es posible que la tortura termine subsumida por los agravantes del homicidio, pero ya será otra discusión). Y un tercer delito es la privación ilegal de la libertad, que trae consigo sanciones de entre 48 y 90 meses de prisión, por supuesto, que con penas accesorias como la pérdida del empleo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas, así como millonarias multas. Lo decimos con conocimiento de causa porque hemos representado a más de 300 víctimas de agentes estatales.

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Google a cumplir con la normativa colombiana de proteccion de datos

Google a cumplir con la normativa colombiana de proteccion de datos

Resumen: 

LA SIC mediante  resolución 53593 emitió un orden de obligatorio cumplimiento a Google LLC, para que implemente medidas acordes al estándar colombiano de Habeas Data, pues encontró que la Política de Tratamiento de la Información (PIT) que maneja Google incumple UN 52,63% la regulación colombiana en esta materia.  Google tiene el uso y tratamiento de datos de más de 38 millones de colombianos y más de 1.800.000 menores de edades del país. 


*La siguiente información fue tomada de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio

"La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección de datos personales, emitió una orden de obligatorio cumplimiento a la empresa GOOGLE LLC para que implemente medidas acordes con el estándar colombiano en materia de Habeas Data.

La decisión se tomó a través de la Resolución 53593, luego de determinar que la Política de Tratamiento de la Información (PTI) que maneja la empresa GOOGLE LLC, domiciliada en Estados Unidos, incumple en un 52,63% los requisitos que exige la regulación colombiana.

La Superintendencia de Industria y Comercio pudo establecer que esta empresa utiliza “cookies” para recolectar o tratar Datos personales en territorio nacional, por lo que la Ley 1581 de 2012 es aplicable a GOOGLE LLC, pues esta compañía acopia o captura datos personales a través de una herramienta que se instalan en dispositivos móviles y computadores ubicados en Colombia.

La SIC decidió:

- ORDENAR a la sociedad GOOGLE LLC que respecto de los Datos personales que recolecta o trata en el territorio de la República de Colombia sobre personas residentes o domiciliadas en este país, implemente un mecanismo o procedimiento apropiado, efectivo y demostrable para que al momento de solicitar la autorización a cada persona, le informe de manera clara, sencilla y expresa de:

  • El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.
  • El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes.
  • Los derechos que le asisten como Titular de su información.
  • La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del tratamiento.

GOOGLE LLC como Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo anterior y cuando se le solicite, entregar copia de esta.

- ORDENAR a la sociedad GOOGLE LLC crear una Política de Tratamiento de Información (PTI) que cumpla todos los requisitos que exige el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013 (incorporado en el Decreto 1074 de 2015), y ponerla en conocimiento de los Titulares de los Datos domiciliados o residentes en el territorio colombiano.

- ORDENAR a la sociedad GOOGLE LLC que implemente un mecanismo o procedimiento apropiado, efectivo y demostrable para dar cumplimiento a los requisitos especiales que ordena el artículo 12 del Decreto 1377 (incorporado en el Decreto 1074 de 2015) para la recolección y Tratamiento de los Datos personales de niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años de edad).

- ORDENAR a la sociedad GOOGLE LLC que registre sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), administrado por la Superintendencia de Industria y Comerci

- ORDENAR a la sociedad GOOGLE LLC que presente ante esta Superintendencia prueba de la Autorización previa, expresa e informada emitida por los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años de edad), cuyos Datos hayan sido recolectados o tratados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

GOOGLE LLC deberá acreditar el cumplimiento de estas órdenes a través de una certificación emitida por una empresa independiente, imparcial, profesional y especializada en temas de Tratamiento de Datos Personales

Esta investigación se inició de oficio por la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar si GOOGLE cumplía con la regulación colombiana respecto de la recolección y uso de de los datos de 38.962.184 de colombianos mayores de edad y 1.847.592 menores de edad, de quienes GOOGLE LLC posee y trata datos personales en la actualidad.

El incumplimiento de estas órdenes acarrea investigaciones administrativas sancionatorias y multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes.

Contra la decisión proceden recursos de reposición ante el Director de Investigaciones de Protección de Datos Personales y de apelación ante el Superintendente Delegado para la protección de Datos."

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Lecciones legales

Lecciones legales

Publicado en: Lecciones legales

Eduardo Cardona Mora

Presidente CRL Compliance, Risk & Law 

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Varias enseñanzas nos ha dejado la pandemia en el campo legal. Una de ellas es que no siempre vamos a tener un juez esperándonos para solucionar nuestros conflictos o que ante la ausencia de un juzgado, demostramos que podemos apelar al sentido común y al diálogo: pactando, transigiendo, componiendo y conciliando.

Para sobrevivir, tuvimos que despertar herramientas de negociación que llevaban dormidas en los códigos, miradas con desdén por quienes nos dedicamos al derecho contencioso.

Durante los últimos 20 años, hemos despreciado a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) como institución jurídica que busca ver a un ciudadano autónomo, capaz y empoderado de la resolución de sus propios conflictos sin acudir automáticamente a instancias desgastantes como las judiciales.

Los MASC con reducido éxito a la fecha, son enseñados en libros y en las facultades de derecho como la receta para contribuir con la descongestión judicial que es de lejos, la problemática más grande de nuestro sistema de justicia.

Pero los MASC, no han pasado de ser una narrativa académica con algunas excepciones como el arbitraje, que como se conoce, es señalado de ser una justicia elitista, gobernada por las Cámaras de Comercio y solo al alcance de quienes pueden pagar millonarios honorarios por prestigiosos abogados que de manera temporal fungen como jueces de la República, lo que la hace efectiva y confiable pero que no soluciona el nivel de conflictividad de una sociedad pleitera que congestiona los tribunales con casos que en muchas ocasiones, con un poco de creatividad y voluntad, podrían resolverse con instrumentos como la conciliación, la transacción, la mediación, la evaluación neutral, la peritación experta, los jueces de paz o la amigable composición, que por cierto, solo encuentra regulación en Colombia y podría revolucionar la manera como tramitamos las diferencias

Una de las lecciones que nos puede dejar la pandemia, podría ser el rompimiento del paradigma litigioso que nos ha acompañado como nación. No habrá momento más propicio que la conciencia que nos deja esta coyuntura para intentarlo y poner al servicio de un nuevo paradigma, nuestras habilidades de persuasión que, hasta ahora, solo han sido encaminadas a convencer a los jueces y no a las contrapartes

Los abogados tenemos la enorme responsabilidad de introducir en las empresas y clientes que representamos, la cultura de la prevención del riesgo litigioso, adoptando la negociación y la mediación con rigor y como primera opción, así contribuimos no solamente con la descongestión judicial, sino con la economía nacional que no requiere litigios evitables que golpeen los negocios, y en cambo sí resultaría útil, la cooperación entre las partes de un contrato que se necesitan mutuamente para superar esta crisis, de lo contrario, no aprendimos ninguna lección y continuaremos padeciendo una justicia jurásica que según la judicatura en los últimos 30 años, su demanda creció 350% pero solo 20% en jueces, arrojando la dramática cifra de 11 jueces por cada 100 mil habitantes frente a un promedio Ocde de 65 togados.

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Responsabilidad penal empresarial

Responsabilidad penal empresarial

Publicado en: Responsabilidad penal empresarial

Eduardo Cardona Mora

Presidente CRL Compliance, Risk & Law 

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El país y particularmente el empresariado, debe estar preparado para una de las reformas más importantes en el derecho sancionatorio que modificará la manera cómo las empresas se relacionan con sus clientes, proveedores, aliados y en general con todos sus stakeholders.

Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, convirtiéndolas así en sujetos que podrán ser perseguidos penalmente como sucede con las personas naturales. La pregunta que toca hacer en este momento es ¿están preparados los empresarios para este cambio?

De la misma manera que sucede en varios países de Europa, en Reino Unido, Estados Unidos y países de la región como Argentina, Chile, Perú y México, en Colombia será una realidad cercana, en la cual se verá a una empresa junto con sus socios, directivos y empleados en el banquillo de los investigados, siendo procesada, condenada o absuelta por los jueces penales.

No hay duda de que será uno de los debates legales más trascendentales de los últimos años en materia punitiva en el país porque confronta y desafía toda la tradición jurídica del país y de la dogmática penal que por décadas ha marcado la línea de esta disciplina y que no concibe, que quien carece de voluntad, y por lo tanto de culpa o dolo en sus actuaciones, como pasa con la persona jurídica, pueda ser imputada de manera autónoma por un delito corporativo.

Lo cierto es que la reforma es inevitable, no solo porque vivimos en lo que se ha denominado la era de la hipertransparencia, en la cual las empresas deben evidenciar y responder por las buenas prácticas empresariales, sino porque ha sido una herramienta del club de los países Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) al que pertenece Colombia para generar un ecosistema económico basado en la reputación, la transparencia y la prevención del crimen empresarial.

En los países donde opera la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha representado un nuevo reto en materia de competencia para el empresariado. En Colombia, debemos asumirlo también como una oportunidad para demostrar el compromiso y el interés de los empresarios por detectar, prevenir y repudiar los delitos al interior de sus compañías que lesionen el mercado.

El camino que queda es prepararse para entender este nuevo paradigma e ir alistando a las empresas para que permanezcan lejos de los tribunales penales, sin embargo, en caso de tener que enfrentar un proceso criminal, por cualquier delito económico que ponga en riesgo la reputación de la compañía, como corrupción, soborno, lavado de activos, ciberdelitos, violación de datos personales, delitos contra el consumidor, delitos ambientales, entre otros, tener a la mano un programa de cumplimiento penal que permita probarle a un juez y a los terceros, que en caso de concretarse hechos delictivos, estas son acciones personales, que van en contra de las buenas prácticas corporativas que han establecido las empresas, y por lo tanto serían motivo de exoneración de la responsabilidad penal empresarial.

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El uso de tecnología para bajar ‘tramitomanía’ judicial

El uso de tecnología para bajar ‘tramitomanía’ judicial

Eduardo Cardona Mora

Presidente CRL Compliance, Risk & Law 

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El presidente de CRL Legal, Eduardo Cardona Mora, es una de las personas que promueve el uso de la tecnología para bajar la ‘tramitomanía’ judicial. Indica que “durante generaciones hemos escuchado”, que “la justicia cojea, pero llega”, “que la vida útil de un abogado son dos procesos ordinarios” o que, “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”. Esta ha sido la narrativa con la que explicamos nuestra administración de justicia desde siempre y no es para menos”.

Desde la década de los 90, según la judicatura, la demanda de justicia ha aumentado 350% mientras que los jueces apenas un 20%. “Al parecer, se abre una esperanza de la mano de la tecnología para nuestro sistema judicial, en el marco de la cuarta revolución industrial que nos permite estar ad portas de un avance sin precedentes en la descongestión de la justicia”, sostiene.

Indica que “se necesitó una pandemia para adoptar normas que ya estaban en nuestra legislación desde hace 20 años como la Ley 527 de 1999, que desde entonces autorizó la firma digital; o la presunción de autenticidad de los documentos firmados sin trámite notarial pero sin eco en la rama judicial para documentos esenciales como los poderes; o la autorización para el uso de los correos electrónicos para trámites judiciales permitida desde hace casi 10 años por las leyes 1564 de 2012 (CGP)  y 1437 de 2011 (CPACA)  y aunque ya hay juzgados limitando horarios para enviar correos electrónicos, tenemos esperanza de que no estropeen esta oportunidad de facilitar las cosas para los usuarios”.

Sostiene que “a la Corte Constitucional, por ejemplo, ya no llegarán en físico 123 mil tutelas represadas por la pandemia. La Pandemia y las TIC nos reformarán la justica, siempre y cuando, de acuerdo con nuestros roles judiciales, tengamos compromiso y permitamos que la tecnología haga el trabajo mecánico que lesiona la economía procesal y acabemos con esa ‘barandiada’ de abogados y jueces con expedientes de papel, que representan no sé cuántos bosques talados en nuestras manos”.

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IDEAS PARA HACER AVANZAR AL PAIS DESDE EL SECTOR LEGAL

IDEAS PARA HACER AVANZAR AL PAIS DESDE EL SECTOR LEGAL

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Eduardo Cardona Mora

Presidente CRL Compliance, Risk & Law 

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Nuestra firma CRL Legal, fue invitada por el periódico @larepublica para opinar en el especial: Ideas para hacer avanzar el país. Desde el sector legal esta es nuestra opinión:

 


CONOZCA LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA PAGO DE PENSIONES ESCOLARES

CONOZCA LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA PAGO DE PENSIONES ESCOLARES

El 14 de mayo de 2020 a través del decreto legislativo 662 “Por el cual se crea el Fondo Solidario para la educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” el Ministerio de Educación de la mano con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), abre la posibilidad para préstamos dirigidos a los padres de familia o acudientes que por la emergencia sanitaria causado por el SARS-CoV-2 (COVID-2019) hayan cesado el pago de los costos educativos y que estén en mora de una o más mensualidades correspondientes al año lectivo 2020, con la posibilidad de ser condonables: Hasta 100% (para estratos 1 y 2), 90% (para estrato 3) o 50% (para estrato 4).

La convocatoria para acceder a estos beneficios se desarrollará por dos procesos de inscripción:

  • 24 de junio a 1 de julio (Establecimientos educativos)
  • 10 de julio a 19 julio (Padres de familia y acudientes)

Para más información descargue la cartilla creada por el Ministerio de Educación y en el ICETEX* que encontrará a continuación:

 

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*CRL LEGAL Compliance, Risk and Law no se atribuye la propiedad del material descargable (Fair Use), reconociendo que los autores de dicho documento son del Ministerio de Educación y el ICETEX.

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Nuevos pasos del gobierno para implementar las tecnologías digitales en los procesos judiciales (Decreto 806 de 2020)

Nuevos pasos del gobierno para implementar las tecnologías digitales en los procesos judiciales (Decreto 806 de 2020)

En CRL LEGAL COMPLIANCE, RISK & LAW desde el departamento de Derecho Informático, celebramos el decreto 806 del 4 de junio de 2020 por el cual se adoptan medidas:

"Para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibililzar la atención a los usuarios del servicio de jusiticia, en el marco del Estado de Emergencia, social y Ecológica en todo el territorio nacional"

Pues son un gran paso para la rama judicial, ya que representa un beneficio tanto para los usuarios, los servidores judiciales y sobre todo a la justicia. Por este motivo, esperamos que estas medidas transitorias se conviertan rápidamente en permanentes.

Esta norma toca temas importantes que todos los abogados debemos tener presente, por ejemplo, entre los puntos más relevantes se encuentran:

  1. Los deberes de los sujetos procesales
  2. Los expedientes
  3. Los poderes
  4. La demanda
  5. Las audiencias
  6. Las notificaciones
  7. Las comunicaciones

En consecuencia, desde el departamento de Derecho Informático de CRL LEGAL nos hemos dado a la tarea de realizar una presentación que sea de fácil acceso, para introducir y entender rápidamente que cambios ha hecho esta norma al sistema judicial colombiano.

 

Click en la imagen para ver/descargar

 

 

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¿Su empresa está realmente a la vanguardia del mercado en tiempos de Covid-19?

¿Su empresa está realmente a la vanguardia del mercado en tiempos de Covid-19?

Óscar E. Ramírez Cáceres.

CRL LEGAL, Compliance, Risk & Law.

 

Actualmente estamos viviendo momentos de incertidumbre, como diría Edgar Morrin “un océano de incertidumbre con pequeños archipiélagos de certeza”, y es precisamente el momento donde las empresas deben reinventarse o desaparecer.

Pequeñas y grandes compañías con ideas innovadoras acordes a las necesidades actuales del mercado están viendo una gran oportunidad de surgir a pesar de las circunstancias, pero no es solo crecer por crecer, es crecer acorde a las exigencias técnicas, legales y reputacionales que plantea la sociedad y exigen los terceros en un mercado cada vez más transparente e hiperconectado.

Muchos emprendimientos tecnológicos, con ideas innovadoras y con gran aceptación por parte de los usuarios, ven amenazado su modelo de negocio por la carencia de un programa de compliance que les permita evidenciar el cumplimiento de las normas legales y la prevención de delitos corporativos.

En otro frente, están las empresas con actividades tradicionales que hacen su mayor esfuerzo por incorporarse de manera acelerada en el mundo digital y que a través del e-commerce y otras estrategias, ven una luz en el camino para no desaparecer;  sin embargo,  lo que podría parecer la solución en este momento se puede traducir en dolores de cabeza al mediano y largo plazo, al no contar con un programa de protección de datos, un sistema de riesgos que prevenga el lavado de activos y /o financiación del terrorismo, y aquellos mecanismos que blindan a las empresas de las consecuencias penales, administrativas y reputacionales cuando son usadas por terceros para cometer delitos a través de estas.  

Ningún empresario o emprendedor quiere que su negocio sea de corto aliento, de allí la razón para que diseñen e implementen programas de cumplimiento (compliance), que responda a las necesidades de la empresa, el mercado y la sociedad. ¡Las pérdidas económicas, pueden recuperarse, la reputación de una organización es irrecuperable! Estar a la vanguardia del mercado no es solo generar grandes ideas de negocio y producir importantes utilidades, es entender el mercado y responder a sus necesidades de manera integral. 

 

¡Emprender implica prever!

 

 

 

 


EL ARRENDAMIENTO EN ESTADO DE EMERGENCIA

EL ARRENDAMIENTO EN ESTADO DE EMERGENCIA

JUAN FELIPE MEJÍA MAYA

Director del Área de Derecho Comercial de la Firma CRL LEGAL COMPLIANCE, RISK & LAW.

 

Con ocasión de las medidas para la no propagación del virus COVID – 19, relacionadas con el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en todo el país, vemos con gran preocupación que muchas personas naturales y jurídicas se han visto afectadas en sus ingresos y en sus economías, abriendo una brecha gigante para su quiebra o insolvencia.

Uno de los grandes riesgos encontrados dentro de las situaciones que traen consigo las medidas de aislamiento obligatorio, es el riesgo que se predica a partir de los contratos de arrendamiento tanto de vivienda urbana como comerciales que tienen sustento de manera general en el Código Civil y de manera especial en la Ley 803 de 2003 y en el Código de Comercio.

La coyuntura actual permite observar que cada día que trascurre, bajo las medidas tomadas por el gobierno nacional en el estado de excepción, afecta la situación financiera y económica del país, sumado a ello, los incumplimientos contractuales en materia de arrendamiento se volverán masivos y las providencias judiciales de restitución de inmuebles generarán consecuencias sociales inmensurables, por lo cual, el Gobierno Nacional en uso de sus competencias de manera temporal y en el marco del Estado de Emergencia Económica, social y ecológica, adoptó medidas transitorias, haciéndole frente a la situación financiera, por medio de disposiciones de carácter transitorio y excepcional que aluden a una mitigación de las consecuencias que sobrevengan a corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno promulgó el Decreto 579 de 2020 por el cual adopta una serie de medidas transitorias y excepcionales para los contratos de arrendamiento, con el objeto de contrarrestar las posibles consecuencias que puedan presentarse con la alteración de las condiciones económicas, dentro de estas medidas se encuentran a manera de síntesis las siguientes:

Se ordena la suspensión de acciones de desalojo desde el 15 de abril, día en que se promulgó, hasta el 30 de junio de 2020, que tengan como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios.

El reajuste anual de los cánones de arrendamiento se aplazará desde el 15 de abril hasta el 30 de junio de 2020.

Se establece la obligación que tienen las partes de llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones del pago de los periodos comprendidos entre el 15 de abril y el 30 de junio, no obstante, en caso tal de que no se llegue a un acuerdo directo, suceden dos eventos: 

  • El arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad, ni sanción alguna por incumplimiento en el pago de los cánones correspondientes a los periodos comprendidos entre el 15 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020.
  • Cuando no se llegue a un acuerdo directo y se incumpla el tiempo acordado en el clausulado contractual para el pago de los cánones de arrendamiento de los periodos comprendidos entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020, el arrendatario, deberá pagar al arrendador los intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés Bancario corriente, en la modalidad de consumo y ordinario, establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Finalmente, y de conformidad con los puntos mencionados, se observa que se contemplan en buena hora una serie de medidas que mitigan el impacto económico desde la óptica del arrendatario pero se echa de menos, decisiones y medidas a favor de los arrendadores los cuales en no pocas ocasiones derivan su sustento de la renta proveniente de arrendamientos por lo que deben ser incorporados a las líneas de crédito, beneficios tributarios a sus predios y otras medidas que compensen en parte los daños económicos ocasionados por la coyuntura.

 


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