Nuevos cumplimientos en materia de lavado de activos

Nuevos cumplimientos en materia de lavado de activos

Publicado en: Nuevos cumplimientos en materia de lavado de activos

La Superintendencia de Sociedades, acorde con las exigencias de transparencia de los mercados internacionales y los compromisos de Colombia como miembro de la OCDE, impone a los empresarios el diseño e implementación de dos programas, el Sistema de Autocontrol y Gestión Integral de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Por lo anterior, cada vez son más las empresas del Eje Cafetero, que se convierten en sujetos obligados a adoptar estos programas y de no hacerlo puede representar sanciones administrativas hasta por $ 200 millones.

Para el Sagrilaft, la obligación surge cuando a diciembre 31 de año anterior, la empresa registra ingresos o activos iguales o superiores a los 40.000 SMMLV. La normatividad contempla además un régimen de medidas mínimas para empresas con menores ingresos.
Para los dos casos, cuando se convierten en sujeto obligado, el plazo para el cumplimiento es el 31 de mayo, de acuerdo a la circular externa No. 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 de Supersociedades.

PEET

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial es obligatorio para las empresas que cumplan con los siguientes criterios: ingresos o activos iguales o superiores a los 30.000 salarios y operaciones internacionales igual o superiores a 100 SMMLV a 31 de diciembre del año anterior; estas empresas deben gestionar el riesgo de soborno transnacional.

Para las empresas que cumplan con el anterior requisito de activos o ingresos y que hayan celebrados contratos estales desde los 500 SMMLV, deben gestionar el riesgo de corrupción. Si la empresa cumple con los dos criterios, su Programa de Transparencia y Ética Empresarial debe gestionar ambos riesgos, soborno y corrupción nacional.

De acuerdo con la experta en estos programas y directora ejecutiva de Compliance Risk And Law (CRL Legal), Diana Marcela Rivera Restrepo, indicó que nunca antes las empresas en el desarrollo de sus actividades, estaban enfrentadas a un mercado con tantos riesgos legales, reputacionales, cibernéticos, operacionales, financieros, de lavado de activos, de contagio, entre otros, estos programas se convierten en la mejor herramienta para evitar la materialización de estos riesgos.

Agregó además que estos programas contemplan responsabilidades y funciones no solo para el Oficial de Cumplimiento, que es el encargado de velar porque dichos programas sean adoptados de manera eficiente en la empresa, sino también para el representante legal, miembros de junta directiva y revisores fiscales.

Oficial de cumplimiento
Es un cargo de alto rango dentro del organigrama de la empresa, que reporta directa y periódicamente a la Alta Dirección, encargado de acompañar y recomendar en la implementación, el desarrollo, la ejecución, la difusión, el funcionamiento, la vigilancia y el control de estos dos programas.

Formación
Conscientes de la necesidad de formar a los profesionales del eje cafetero en estos nuevos retos, la Cámara de Comercio de Pereira en alianza con CRL Legal, realizan el primer diplomado en Compliance, donde a través de una comprensión de la normatividad y una formación práctica, introducen a los empresarios y profesionales del Eje Cafetero, en estos temas de vanguardia que llegaron para quedarse.


SEPARACIÓN DE HECHO DA LUGAR A LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

SEPARACIÓN DE HECHO DA LUGAR A LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

Por: Juan Esteban Perdomo Parra

Practicante Derecho Universidad Externado

CRL Legal

 

La sentencia SC-4027 de 2021 en principio nos establece según la normativa colombiana que la constitución política en conjunto con la normativa interamericana establece a la familia como núcleo central de la sociedad, de tal forma que puede constituir vínculos jurídicos y naturales. Estableciendo de igual forma su capacidad de llevar a cabo su separación y la disolución del vínculo.

Siguiendo claramente lo dispuesto en la Ley 28 de 1932 y estableciendo esa capacidad de conformar una universalidad indivisa en la sociedad capaz de administrarla, esto es relevante debido a que conforme al artículo 1820 en el numeral 1° del código civil, establece la terminación o disolución de la sociedad conyugal entre otros casos por:

  1. Disolución del matrimonio
  2. Separación judicial de cuerpos

Estableciendo entre las causales de divorcio al tenor del artículo 6° numeral, 8° de la ley 25 de 1992, siguiendo esta normativa, explica la sentencia que la separación de cuerpos tanto fuese judicial como de hecho en un lapso de más de 2 años, era independientemente de providencia judicial, capaz de declarar el divorcio o la cesación de efectos civiles de los matrimonios religiosos e igualmente para el campo económico.

La sentencia establece los casos recurrentes donde habiendo separación material de hecho por varios años, pasado el tiempo se producía dicha disolución donde uno de los consortes pedía a la justicia las ganancias arguyendo que la comunidad de bienes estuvo vigente.

Por tanto, explica la sentencia que por medio del artículo 8 de la Ley 54 de 1990, el panorama tiene nuevos requisitos, estableciendo la prescripción en un año a partir de:

  1. La separación física y definitiva
  2. La separación del matrimonio con terceros
  3. O de la muerte de uno de ambos compañeros

Estableciendo los límites de los cónyuges a la hora de presentarse capitulaciones y abriendo el panorama a no disolver aquello que no existe y al enriquecimiento in causados.

La sentencia se apoya en el derecho comparado con varios países para entender cuando se establece la separación definitiva e irrevocable de hecho, haciendo obligación del juez investigar la fecha exacta.

Por tanto, basándose en el artículo 154 del Código Civil, por virtud de la separación de hecho permanente y definitiva da lugar a la disolución de la sociedad conyugal, con base en la buena fe, la justicia y el no enriquecimiento.

Establece que por lo expresado en el artículo 1795 del Código Civil, se presenta una discriminación poniendo una clara inferioridad al vínculo familiar nacido de forma natural en relación con uno conformado por vínculo jurídico o del acto jurídico matrimonial. Por medio del artículo 42 de la Constitución, nos debe quedar claro que la familia se forma no solo por vínculos jurídicos y no obtener beneficio económico de lo que no es producto de la acción laboriosa o de intención legítima de hacer vida marital. Reforzando la aplicación del principio de proporcionalidad.

También cabe resaltar que hay una dicotomía en cuanto al sacrificio que deben prestar los compañeros en pro de la protección de su patrimonio conjunto, entonces el buscar la no concurrencia de sociedades conyugales y patrimoniales de hecho es una discriminación de género so pretexto de defender la existencia ideal del matrimonio, desconociendo los derechos de la compañera permanente de una nueva unión, para proteger los generados del matrimonio.

Entonces es propicio, para la sentencia, el precisar que los bienes adquiridos por uno de los cónyuges con posterioridad a la separación de hecho definitiva e irrevocable, carecen de connotaciones sociales, ya que no habría sociedad conyugal por ausencia de causa.

Establece la sentencia que, acreditada la separación de hecho definitiva e irrevocable, eso trae la disolución de la sociedad conyugal, puesto que la decisión judicial no resulta determinante en términos constitutivos, con efectos ex tunc, amparado por el ordenamiento artículo 6°, numeral, 8° de la Ley 25 de 1992 y que dicha separación de hecho por más de 2 años tiene efecto retroactivo. 

 

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PROCESO DE ADOPCIÓN DETERMINADA

PROCESO DE ADOPCIÓN DETERMINADA

Por: Laila María Saade Gómez

Practicante Derecho Universidad Externado

CRL Legal

 

TRÁMITE ADMINISTRATIVO

 

¿Qué es la Adopción?

Según el artículo 61 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) la adopción es “principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza” Ley 1098 del 2006, la cual es decretada por el juez competente mediante sentencia.

Los niños, niñas y adolescentes son adoptables cuando:

  • Siendo menores de 18 años son declarados en situación de adoptabilidad por el Defensor de Familia.
  • Cuando quienes ejercen la patria potestad manifiestan ante el Defensor de Familia su consentimiento para entregar en adopción a su hijo o hija menor de edad.

¿Cuáles son los requisitos generales para adoptar?

  • Tener Idoneidad Física, Mental, Moral y Social.

Deberán garantizar que tienen idoneidad para adoptar. Se busca identificar si la persona/cónyuges/compañeros permanentes que desean adoptar cuentan con la capacidad de proveer amor, principios, valores y todo aquello que redunde en el bienestar del niño, niña o adolescente que sea adoptado.

¿Qué documentos deben presentar las personas residentes en Colombia ante el ICBF?

Todo solicitante residente en Colombia deberá presentar la siguiente documentación para iniciar un trámite de adopción:

  1. Carta de compromiso de participación e información en el proceso de evaluación, selección y preparación para adopción. (Este formato se encuentra en el lineamiento que está en la página web del ICBF: Link)
  2. Formulario de solicitud. (Este formato se encuentra en el lineamiento que está en la pagina web del ICBF: Link)
  3. Registros civiles de nacimiento de las persona solicitante, con anotaciones al margen, si corresponde.
  4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería.
  5. Certificado médico.
  6. Certificados económicos máximo con seis (6) meses de elaborados o declaración de renta del año inmediatamente anterior.
  7. Carta de compromiso de seguimiento post-adopción para personas, cónyuges o compañeros permanentes residentes en Colombia. (Este formato se encuentra en el lineamiento que está en la pagina web del ICBF: Link)
  8. Certificado de antecedentes judiciales, vigente, los cuales deberán revisarse en la página web con el número de cédula de cada uno de los solicitantes, en concordancia con lo establecido en la Ley Anti trámites.

 

Tipo de Adopción: Adopción determinada

Cuando el proceso de adopción que se va a iniciar es a favor de un niño, niña o adolescente con el cual se tiene algún tipo de relación, vinculo o parentesco.

Adopción de un pariente o consanguíneo

Cuando los dos padres, o uno de los dos, permiten que un familiar (dentro del tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad con relación al niño, niña o adolescente) lo adopte.

¿Dónde puede iniciar el trámite de una adopción determinada un colombiano o extranjero residente en Colombia?

Se debe dirigir al Centro Zonal del ICBF donde resida el niño, niña o adolescente a adoptar; sin embargo, el profesional de Servicios y Atención debe tener en cuenta que, de acuerdo al Lineamiento de Adopciones, antes de iniciar el trámite los interesados deben asistir a una “Conferencia Legal Informativa”, es importante tener completa claridad del lineamiento técnico de adopción V4 del ICBF antes de asistir a la charla legal.

 

CONFERENCIA LEGAL INFORMATIVA “SÓLO APLICA PARA ADOPCIONES EN COLOMBIA”

El Lineamiento de Adopciones establece como requisito fundamental para iniciar cualquier tipo de Adopción en Colombia, la asistencia a una Conferencia Legal Informativa, en la cual se aclaran inquietudes como: qué es un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, tiempos, metodología, autoridades responsables en fase administrativa y judicial, criterios de preselección y rangos de edad, entre otros aspectos del proceso de adopción.

 

REGISTRO DEL TRÁMITE DE ADOPCIÓN

Surtidos los dos pasos anteriores, cuando los ciudadanos completen los requisitos y alleguen los documentos establecidos, se procederá con el registro del trámite en el Sistema de Información Misional - SIM dependiendo el tipo de adopción que solicita el peticionario.

El profesional de Servicios y Atención debe tener en cuenta que para los TRÁMITES DE ADOPCIÓN DETERMINADA, es necesario registrar dos peticiones; una Solicitud de Restablecimiento de Derechos para el niño, niña o adolescente que va hacer adoptado, con el fin que se registre por parte de la Defensoría de Familia competente, el proceso de restablecimiento de derechos que corresponda y SOLO cuando se haya definido la situación jurídica del menor de edad para la adopción, se procederá a registrar un segundo tipo de petición de Tramite de Adopción para él o los interesados en hacer el proceso, una vez alleguen el total de documentos requeridos para el trámite.

ETAPA JUDICIAL

 

  • Radicación de la demanda de adopción.
  • Sentencia judicial.

 

SEGUIMIENTO POST- ADOPCIÓN

    Verificación del bienestar del menor de edad con su familia adoptiva.

 

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Endoso y pago de facturas electrónicas

Endoso y pago de facturas electrónicas

Por: Juan Esteban Perdomo Parra

Practicante Derecho Universidad Externado

CRL Legal

 

Es importante para la factura el que se le constituya como título valor, la cual debe ser aceptada por el receptor o beneficiario de la factura, incluida la factura electrónica.

Se entiende la aceptación de la factura por medio de las normas comerciales como el artículo 773 del código de comercio, que se ha reglamentado por medio del decreto 1074 de 2015, afirmando que la factura electrónica consta como título valor, por cuanto en su artículo 2.2.2.53.4 de dicho decreto explica que la factura una vez expedida y está recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente, deudor o aceptante en 2 casos aceptados por el decreto, los cuales son:

  1. Una aceptación expresa cuando utilizando medios electrónicos, el deudor acepte de manera expresa mencionada factura entre un plazo de los 3 días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o servicio.
  2. Cuando se presenta una aceptación tácita donde el emisor no reclame en contra del contenido allegado o su contenido, siempre que este sea dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la recepción de la mercancía o servicio.

Así mismo la factura electrónica que se envía por correo electrónico incluirán opciones de aceptación o rechazo, así como también ante el silencio se presenta la aceptación tácita.

Cabe resaltar que mencionada factura debe ser inscrita en el RADIAN cuando dicha aceptación se vea presente ya sea tácita o expresa.

La RADIAN pide como requisitos para considerar a la factura como título valor siempre que cumpla los requisitos del artículo 621 del código de comercio como lo son:

  • La mención del derecho que en el título se incorpora, y
  • La firma de quién lo crea.

Además de los requisitos impuestos por el artículo 617 del estatuto tributario:

  1. Estar denominada expresamente como factura de venta.
  2. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
  3. Apellido y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
  4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
  5. Fecha de su expedición.
  6. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
  7. Valor total de la operación.
  8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
  9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Y por último incluyendo entre sus requisitos al artículo 774 del código de comercio

  1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.
  2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.
  3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura

Ya una vez completados dichos requisitos, descritos en la Resolución 00015 de 2021 y en el Código de Comercio, el Emisor/Facturador Electrónico o el Tenedor Legítimo - según corresponda - debe tener los soportes que constituyen la factura en título valor, los cuales deben haber sido transmitidos, registrados y validados en el RADIAN.

Referente al endoso de la factura electrónica, el decreto 1154 de 2020 en ejercicio del artículo 772, considera la actividad regulada en el artículo 660 del código de comercio, que dispone lo referente al endoso.

Acerca de la circulación de la factura electrónica como título valor, tenemos el artículo 2.2.2.53.2 donde aclara que para la circulación se requiere que la transferencia de la factura electrónica se realice por medio del endoso. Además, que el mismo artículo nos deja ver el endoso electrónico el cual permite la venta de la factura como título valor, así como permite la transferencia de los derechos contenidos en la misma

Es necesario recalcar dicho artículo, ya que en el 2.2.2.53.6 nos dice que el mismo endoso electrónico permite llevar a cabo el proceso cualquiera que sea del endoso, en este caso incluye el endoso en procuración.

Para que el endoso electrónico en procuración pueda ser válido, el mismo debe cumplir las reglas de la RADIAN por su artículo 2.2.2.53.10 numeral 8 para asegurar la veracidad de la información que se busca endosar como título valor.

 

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TIPOS DE SOCIEDADES EN COLOMBIA

TIPOS DE SOCIEDADES EN COLOMBIA

Por: Laila María Saade Gómez

Practicante Derecho Universidad Externado

CRL Legal

 

SOCIEDADES COLECTIVAS

  • Es una sociedad de personas, es decir, se constituye en razón a los socios y a sus especiales cualidades, sin ellos la sociedad podría perder el objeto social y por ende disolverse.
  • Responsabilidad solidaria- los socios podrán responder con su patrimonio personal.
  • Usualmente se ha constituido para las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que cuentan con una capital social bajo y puede brindar seguridad económica.
  • Sociedad por partes de interés- sin importar el valor del aporte de cada socio, siempre tendrán un voto por cabeza.
  • Razón social- nombre completo o apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, e “hijos”.
  • Mínimo 2 socios.

 SOCIEDADES EN COMANDITA

  • Dos categorías de socios: (Naturaleza mixta)
  • Socios gestores- responden solidariamente frente a terceros por las obligaciones de la sociedad y detentan la representación legal de la sociedad.
  • Socios comanditarios- responden hasta por el monto de sus aportes.
  • Los socios gestores tendrán un voto y el de los socios comanditarios dependerá del número de cuotas o acciones.

Sociedad en comandita simple:

Estructurada para las pequeñas y medianas empresas (PYME).

  • Mínimo 1 socio de cada categoría y máximo 25 socios comanditarios.
  • Razón social- nombre completo o apellido de uno o más socios, acompañado de la expresión “& CIA” seguido por la clase de sociedad, (S. En C.).

Sociedad en comandita por acciones:

Estructurada para empresas de mayores dimensiones como se refleja en el capital, se representa en títulos negociables.

  • Mínimo 5 socios comanditarios y 1 socio gestor, no se establece un máximo de socios.
  • Razón social- nombre completo o apellido de uno o más socios, acompañado de la palabra “& CIA” seguido por la clase de sociedad, (SCA).

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

  • Es una de las sociedades de capitales, es decir, la responsabilidad de los socios es limitada, como su nombre lo indica, al monto de sus aportes.
  • Sociedad por cuotas sociales- las cuotas poseen igual valor en el capital social, cada cuota equivale a 1 voto.
  • Mínimo 2 socios y máximo 25, de conformidad al artículo 356 C.CO.
  • Razón social- debe incluir las palabras “LIMITADA” o “LTDA”.

SOCIEDADES ANÓNIMAS

  • Es una sociedad de capitales- la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportes.
  • Razón social- debe incluir las palabras “Sociedad Anónima” o las letras “S.A.”
  • Mínimo 5 socios.
  • La sociedad deberá tener una junta directiva, constituida con no menos de 3 socios, cada uno de ellos con un suplente.

SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

  • Sociedad de capitales- los socios serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.
  • Se puede constituir mediante documento privado, salvo que la ley exija la constitución mediante escritura pública.
  • Razón social- debe estar seguida de las palabras “SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS” o las letras “S.A.S.”.
  • Puede constituirse por una o varias personas.
  • Acciones de igual valor- son negociables y los votos dependen del número de acciones que tenga cada socio.
  • La ley 1258 de 2008, otorga libertad a esta sociedad para que conforme su estructura orgánica y las normas que rigen su funcionamiento.

 

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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS SAGRILAFT Y DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE UNA OBLIGACIÓN QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS SAGRILAFT Y DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE UNA OBLIGACIÓN QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA

Publicado en: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS SAGRILAFT Y DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE UNA OBLIGACIÓN QUE NO PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA

Esta obligación exigida por las Supersociedades para los años 2021 y 2022 hace parte de los planes anticorrupción y de lucha contra el delito por parte del gobierno. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear multas de hasta 200 SMMLV.

Los empresarios colombianos tienen el inmenso reto de cumplir con ciertas regulaciones relacionadas con su participación en el mercado debido a que la Superintendencia de Sociedades ha promovido reformas legislativas y expedido varias circulares que implican que el empresario adopte distintos programas de autorregulación que serán inspeccionados y vigilados por ésta y otras autoridades administrativas, entre las normas se encuentran aspectos como los programas de cumplimiento y su importancia para las empresas, diseñar e implementar programas de prevención de lavado de activos y programas de transparencia y ética empresarial, gestión integral de riesgos, derecho sancionador de las empresas y protección de datos personales.

La Superintendencia de Sociedades, informó recientemente que la ampliación máxima del plazo para la obligación que tienen algunas empresas de diseñar, implementar y hacer cumplir los programas sobre gestión de riesgos LAFT, Corrupción y Soborno Transnacional con fecha límite para estar en funcionamiento 31 de agosto de 2021 para el caso del SAGRILAFT (Sistemas de autocontrol y gestión integral de riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo) y hasta el 31 de mayo de 2022 para los PTEE (Programas de Transparencia y Ética Empresarial. Las sanciones administrativas por el incumplimiento de estas exigencias pueden ascender hasta los 200 SMMLV ($ 181 Millones).

¿Quién se encarga de este tema?

Estos programas, vienen acompañados, de la necesidad de crear el cargo de Oficial de Cumplimiento cuya función principal será la de asumir junto con los máximos órganos de dirección de las empresas, la responsabilidad de hacer cumplir la norma. El oficial de cumplimiento o Compliance officer, debe estar certificado académicamente en la gestión de los riesgos LA/FT, Corrupción y Soborno Transnacional. Abogados, contadores economistas, carreras afines, auditores y profesionales en general, pertenecientes a las empresas y que quieran ejercer como oficiales de cumplimiento podrían hacerlo de contar con la respectiva capacitación. De igual forma, estos conocimientos son de gran importancia para representantes legales, miembros de junta directiva, gerentes y administradores de las empresas por las funciones y responsabilidades que consagra esta normatividad para ellos.

¿Quiénes tendrán esta obligación?

Entre las empresas que se encuentran obligadas por ley a implementar los programas de Transparencia y Ética Empresarial, se encuentran:

  • Empresas que registren activos o ingresos superiores a 30.000 smmlv a diciembre 31 del año inmediatamente anterior, y que registren operaciones internacionales - iguales o superiores a 100 smmlv ), deberán gestionar el riesgo de soborno transnacional. 
  • Empresas que registren activos o ingresos superiores a 30.000 smmlv a diciembre 31 del año inmediatamente anterior y que tengan contratos estatales - iguales o superiores a 500 smmlv, deberán gestionar el riesgo de corrupción. 
  • Para las empresas que cumplan los dos criterios anteriores, deberán gestionar ambos riesgos. 
  • Otras empresas que la norma lo dispongan. 

En cuanto a programas de prevención de lavado de activos, las empresas obligadas son aquellas que registren activos o ingresos, iguales o superiores a 40.000 smmlv a diciembre 31 del año inmediatamente anterior.

¿Qué alternativa ofrece la Cámara de Comercio?

La Cámara de Comercio de Pereira y su Centro de Conciliación y Arbitraje, en alianza con CRL Legal, Compliance Risk and Law, tendrán dos eventos en los que será posible adquirir nociones o el conocimiento total en esta materia, la primera es una capacitación gratuita programada para el próximo 27 de octubre a la que es posible inscribirse usando el siguiente enlace:

 https://www.cloudevents.com.co/es/programas-de-transparenciay-etica-empresarial 

Por otra parte, está el primer diplomado de la región para capacitar al personal de las empresas y a los profesionales interesados en ser oficiales de cumplimiento de esta norma, cabe aclarar que el diplomado tiene costo, pero gracias a la gestión de la CCP es posible acceder al mismo a un menor costo del regular para saber más acerca del diplomado que iniciará el próximo 2 de noviembre visite:

 https://www.cloudevents.com.co/es/dipolomado


EL TRABAJO REMOTO

EL TRABAJO REMOTO

Por: Daniel Cuellar

Practicante Derecho Universidad Externado

CRL LEGAL

 

El Congreso de la Republica expidió recientemente la ley 2121 del 3 de agosto de 2021 que crea y regula el régimen de trabajo remoto En Colombia, con ocasión de los grandes cambios coyunturales que en materia laboral ha vivido el país.

Esta nueva modalidad o forma de ejecutar un contrato de trabajo tiene como esencia la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones donde el empleador y trabajador, en desarrollo de su relación laboral no interactúen físicamente si no de forma apartada del lugar de trabajo o sede de la empresa, haciendo uso de las tecnologías que disponga para ello.

No obstante, la manera remota autorizada por la legislación para la ejecución del contrato laboral es importante resaltar que la relación laboral entre trabajador y empleador conserva los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo: subordinación, prestación personal de la actividad y el pago de un salario por la realización de esa actividad, garantías mínimas laborales que la ley expresamente consagra se deben respetar.

Sin embargo, frente al tema prestacional la nueva disposición normativa, resalta la obligatoriedad en el cumplimiento de las partes, respecto a los conceptos de seguridad social y prestaciones sociales, exceptuando el auxilio de transporte, dado que el trabajador no deberá trasladarse al lugar de trabajo para realizar su actividad laboral, razón por la cual traslada al empleador la carga de brindarle a sus trabajadores remotos todos los elementos necesarios para la realización de su trabajo, como lo es el valor de la energía, del internet, los equipos tecnológicos, los programas y también deberá asumir el mantenimiento de los equipos. Es importante resaltar también, el hecho de que no existe exclusividad laboral como regla general, haciendo uso de esta modalidad contractual, pero si se puede pactar expresamente si el empleador y el trabajador lo acuerdan.

En cuanto al lugar donde puede desarrollar sus funciones el trabajador, la ley 2121 no impone límites o restricciones al mismo, sino que al contrario permite que se ejecute en cualquier lugar siempre que haya consenso entre el trabajador y el empleador, dado que el empleador debe verificar, junto con la ARL, que el puesto de trabajo que sea elegido cumpla con la salud y seguridad del trabajo.

La naturaleza del trabajo remoto tiene como principio y busca que absolutamente todos los componentes que enmarcan la relación contractual se realice remotamente, de manera que, desde aplicar para un trabajo bajo esta modalidad, el mismo proceso de contratación, la realización de la actividad contratada, las revisiones médicas y la terminación del contrato laboral deben hacerse a través de esta modalidad, con algunas excepciones en que necesariamente deberá contarse con la presencia física del trabajador:

Primero: para revisar los requisitos que deban cumplir las herramientas del trabajo. Segundo: para actualizar o instalar programas, software o aplicaciones que sean necesarias para la ejecución del trabajo (si es necesario hacerlo presencialmente).

Tercero: cuando sea citado para rendir descargos por el incumplimiento de sus obligaciones laborales y llevar a cabo un proceso disciplinario.

Frente a la jornada máxima legal en el trabajo remoto en la nueva ley, si bien es cierto no contempla ningún cambio respecto a la regulación ordinaria ya establecida, es decir se sujeta a las jornadas legal ordinaria, sí exige garantías para el trabajador del derecho a la desconexión (la ley lo define como: la garantía para todo trabajador y empleador, de no tener contacto con herramientas, bien sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral, después de culminada la jornada ordinaria de trabajo o durante de ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar).

Aunado a ello, la aplicación del trabajo remoto debe permitir las horas de lactancia, las licencias maternas, las tareas de cuidado a menores de 14 años, los adultos mayores y a los discapacitados. Por lo que no se podrá afectar de ninguna manera negativa al trabajador ni a su familia con la aplicación de esta nueva modalidad laboral.

 

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CONOZCA EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICA  PARA IMPONER SANCIONES EN SU TRABAJO

CONOZCA EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICA PARA IMPONER SANCIONES EN SU TRABAJO

 

Por: Daniel Cuellar

Practicante Derecho Universidad Externado

CRL LEGAL

 

La legislación laboral colombiana tiene consagrado unos procedimientos sancionatorios disciplinarios garantes, con sujeción al debido proceso que debe seguir todo empleador al interior de su organización frente a las faltas en que incurran sus trabajadores.

Es importante anotar que dicha facultad sancionatoria del empleador está suficientemente reglada, basada en las diferentes normas laborales, el Reglamento Interno de Trabajo, las convenciones y pactos colectivos, para determinar si la conducta se considera como falta disciplinaria y su correspondiente consecuencia. 

La elección de la sanción no es libre para el empleador, el Código Sustantivo del Trabajo contempla dos posibles sanciones: la suspensión y la imposición de multas.

  1. La suspensión: según el artículo 112 del CST, indica que, cometida la falta, esta tiene como consecuencia la suspensión la cual no podrá ser mayor a 8 días la primera vez y si reincide en la falta o comete una falta más grave que la anterior, la suspensión no podrá ser mayor a 2 meses.
  2. Las multas: el artículo 113 del CST estipula que si la falta cometida tiene como sanción la multa solo podrá ser en dos casos:
  3. Si el trabajador incumple con la hora de llegada pactada en el contrato.
  4. Si el trabajador no asiste al trabajo sin excusa valida y suficiente.

El valor de la multa no podrá exceder una quinta parte de un día de salario, y podrá ser descontado del salario y consignado por el empleador en una cuenta destinada para premios y regalos para los trabajadores.

El proceso disciplinario contemplado en el artículo 115 del CST: prescribe que antes de aplicarse una sanción disciplinaria al {empleado}, debe dársele la oportunidad de ser oído tanto al trabajador inculpado como a dos representantes del sindicato a que este pertenezca (en caso de no existir sindicato en la organización, con dos compañeros de trabajo).  No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga omitiendo este trámite. Una inadecuada aplicación de este procedimiento producirá un efecto nulo en la sanción impuesta. Por lo anterior, la Corte Constitucional llena el vacío legal y aclara cual es el proceso que se debe seguir en la sentencia C-593 de 2014, para así evitar que los derechos de los trabajadores sean vulnerados y garantizar el debido proceso.

Los presupuestos que deben cumplirse según la Corte son:

  1. Una comunicación formal del inicio del proceso disciplinario a la persona que posiblemente realizó la acción que podría ser sancionada.
  2. La formulación de los cargos que se le imputan, que puede ser verbal o escrita siempre y cuando la persona entienda de manera clara la razón por la cual se le está imputando esa falta.
  3. El traslado de todas las pruebas que fundamentan el proceso disciplinario al imputado.
  4. La determinación de un término en el cual el imputado podrá formular sus descargos, controvertir las pruebas y allegar las pruebas que considere pertinentes para sustentar sus descargos.
  5. El pronunciamiento de la autoridad competente mediante un acto que debe ser congruente y motivado.
  6. La imposición de la sanción proporcional a los hechos (si es que el imputado fue declarado culpable de la comisión de las faltas).
  7. La posibilidad al imputado de controvertir cada una de las decisiones con el recurso que sea pertinente en cada caso.

Con estas normas mencionadas anteriormente y además de la aplicación del derecho constitucional al debido proceso, se crea un procedimiento más justo para las partes implicadas, permitiéndole al trabajador el derecho a la defensa y al empleador el control disciplinario de su empresa. Es vital una correcta aplicación de este proceso disciplinario interno para una buena convivencia dentro de la empresa y un debido funcionamiento de ella.

 

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  1. Gobierno Nacional (5 de agosto de 1950) Sobre Código Sustantivo del Trabajo. [Decreto Ley 2663]. Recuperado de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=33104
  2. Corte Constitucional, Sala Plena. (20 de agosto de 2014) C-593. MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

 

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La unión marital de hecho y los servicios legales que protegen el entorno familiar

La unión marital de hecho y los servicios legales que protegen el entorno familiar

Por: Manuela Londoño

Practicante Derecho Universidad Externado

CRL Legal

 

Por definición legal y jurisprudencial: La figura de la unión marital de hecho (UMH) es aquella conformada por dos personas que hacen una comunidad de vida permanente y singular, regulada en la ley 54 de 1990, modificada por la ley 979 de 2005.

El concepto moderno de esta definición alude a "dos personas" sin distinción del sexo en virtud de la inclusión de las parejas homosexuales[1] contenido en la sentencia de la Corte Constitucional C-075 de 2007, donde se entendió que el régimen de protección de la ley 54 de 1990, aplica de la misma manera.

 Por su parte, las características de la UMH referida a la comunidad de vida corresponde al ánimo mutuo de pertenencia, de unidad; Es decir, implica un proyecto de vida y hogar comunes, según la Corte Suprema de Justicia[2] este ánimo se manifiesta bajo los siguientes presupuestos:

  1. Convivencia ordinaria bajo un mismo techo (cohabitación)
  2. Compartir lecho y mesa
  3. Asumir de forma permanente y estable ese quehacer existencial.

Para configurar la UMH, la comunidad de vida debe ser permanente y singular:

  1. Permanente: Una duración firme, constante, perseverante y estable. Vocación de continuidad y una cohabitación estable.
  2. Singular: Existencia de una sola UMH, sin que exista otra de esta misma especie.

La existencia de este tipo de uniones por ser de “hecho” es decir, sin mediación de ningún acto jurídico, puede declararse por mutuo consentimiento, por escritura pública ante notario, por acta de conciliación suscrita entre los compañeros o por sentencia judicial. No existiendo mutuo consentimiento puede solicitarse judicialmente. La declaración de la UMH trae como consecuencia la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros.

Las consecuencias económicas de esa unión de hecho conocidas como: Sociedad Patrimonial entre los compañeros permanentes, para que se forme, requiere, además del transcurso de por los menos dos años y que los compañeros no tengan impedimento legal para contraer matrimonio, en este sentido, que no tengan un matrimonio anterior vigente. Y si tienen matrimonio anterior, se necesita haber disuelto la sociedad conyugal de ese matrimonio un año antes de que se iniciara la UMH (la comunidad de vida permanente y singular).

La sociedad patrimonial se puede declarar ante notario por mutuo consentimiento, o por manifestación expresa en centro de conciliación. También puede hacerse judicialmente. Esta declaración, al igual que cuando se declara la UMH, genera una facilidad probatoria al momento, por ejemplo, de disolver la sociedad.

Una vez surtidos los requisitos para formar la sociedad patrimonial y formada ésta, cualquiera de los compañeros puede solicitar su disolución y liquidación. Para ello se puede acudir de mutuo consentimiento ante el notario, suscribir acta de conciliación o acudir al juez para que la disuelva y liquide mediante sentencia.

La sociedad patrimonial se disuelve, también, con la muerte de uno o ambos compañeros. En este último caso la liquidación puede hacerse dentro del proceso de sucesión.

En nuestra área de Derecho Civil y de Familia de CRL Legal, brindamos asistencia y acompañamiento especializado en este tipo de procesos, de manera eficiente y oportuna para que se reduzcan las perturbaciones personales y familiares que pueden generar este tipo de situaciones.

 

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[1] COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C-075 de 2007.7 de febrero de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Expediente D-6362.

[2] COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia SC-102952017 (76111311000220100072801). 18 de julio de 2017.

 

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SIC LANZA GUÍA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS FOTOS

SIC LANZA GUÍA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS FOTOS

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó la “guía sobre el tratamiento de las fotos como datos personales” en donde presenta sugerencias para el tratamiento de las fotos para evitar irregularidades respecto a las normativas de Tratamiento de Datos Personales (TDP).
El documento hace una aproximación sobre las diferentes perspectivas jurídicas sobre las fotos: - La foto y los derechos de autor. - La foto y los actos de competencia desleal. - La foto y el derecho a la imagen. La guía profundiza en el tema: “La foto como documentos que contiene datos personales sensibles”.
La entidad explica que no toda foto es por sí misma un dato personal, por el contrario, solo están enmarcadas en esta categoría aquellas que contengan “cualquier información vinculada o que puede asociarse a una a varias personas naturales determinadas o determinables" (Art. 3 Ley 1581/12). En otras palabras, la foto se constituye como un dato personal cuando permita establecer la identidad de una o varias personas naturales en particular. Casos como un rostro pixelado o que esté de espaldas no corresponde a datos personales, pero si es posible identificarla por otra parte de su cuerpo o su cara, dicha imagen puede entenderse como información biométrica (La cual también es un dato sensible según la ley 1581/12).
Así que cuando se toma una foto en la cual se puedan identificar o sean identificables personas naturales, solo podrán ser utilizadas en la forma que lo autorice el titular del dato o por la ley.
Aunque existen excepciones a la ley como el uso doméstico, el cual se presenta cuando las fotos son para el ámbito privado o familiar de las personas naturales (Álbum familiar); también puede ser interpretado que las personas jurídicas (empresas, organizaciones, gremios), no son comprendidas por esta excepción cuando las fotos circulen internamente. De igual forma, si una persona toma fotos de sus amigos con fines no comerciales y quiere compartirlas a un tercero, deberá obtener primero la autorización de sus amigos.
Respecto a las fotos con fines periodísticos y editoriales entra en la excepción (libertad de prensa), siempre y cuando estas fotos: bases de datos y archivos fotográficos de las editoriales, no se utilicen con fines comerciales o de marketing.
Con el fin de evitar la vulneración de los datos personales y su tratamiento, la SIC recomienda:

  • Obtener autorización previa, expresa e informada para tomar fotos y usarlas.
  • Verificar la procedencia legítima de las fotos que le suministran terceros.
  • Tener presenten las reglas especiales para tratar fotos de menores de 18 años.
  • Informar al fotografiado (a) los fines específicos para los cuales se usarán las fotos.
  • Exigir el respeto de la regulación de protección de datos a los terceros que contrate para el tratamiento de fotos.
  • Abstenerse de obtener fotos de manera engañosa y no asumir que las fotos de acceso público pueden usarse libremente.

Debe tenerse en cuenta, que la normatividad que trata la Guía es el decreto 1377 de 2013 en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la Ley Estatuaria 1581 de 2012. Es importante anotar que la SIC no mencionó la totalidad de la norma vigente que debe cumplirse, motivo por el cual esto no significa que la omisión de estas sea un eximente de responsabilidad a la hora de cumplir las obligaciones jurídicas pertinentes.

 

Puede descargar la guía completa del siguiente enlace:

Descargue la guía de la SIC

(clic en la imagen)

 


*Información tomada de “Guía sobre el tratamiento de las fotos como datos personales”, Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Protección de Datos Personales, Colombia, 2020.

**CRL LEGAL Compliance, Risk and Law no se atribuye la propiedad del material descargable (Fair Use), reconociendo que el autor de dicho documento es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

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Dos Reformas Pro-Compliance

Dos Reformas Pro-Compliance

Publicado en: Dos Reformas Pro-Compliance

Diana Marcela Rivera

CRL Compliance, Risk & Law 

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@crl_legal

Desde ACIEC queremos darle una primera mirada a los dos proyectos de ley que pretenden modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal con el fin de implementar en Colombia la responsabilidad de las personas jurídicas, hecho relevante que necesariamente es del resorte de nuestra asociación creada para promover la cultura de integridad, ética y compliance en las empresas colombianas.

No nos corresponde en esta oportunidad plantear una discusión si la iniciativa confronta o no la médula espinal de la dogmática penal. El enfoque pragmático de este artículo se basa en lo que nos ofrece realmente el legislador colombiano en el camino que al parecer escogió para cumplir con diferentes compromisos internacionales de Colombia, que obligan a incorporar en nuestro ordenamiento jurídico ya sea en la legislación civil, penal, o administrativa, la responsabilidad de las personas jurídicas.

El gran protagonista de estas iniciativas de lejos es el Compliance, entendido como aquel cumplimiento normativo con enfoque de riesgos penales que deben implementar las empresas para prevenir, detectar y sancionar el delito corporativo. El Compliance con esta legislación, empieza a ganar terreno en Colombia como el instrumento de prevención por excelencia para que las organizaciones no sean presa de intereses delictivos de sus terceros.

El proyecto de ley 149 de 2020 (en adelante proyecto Cámara) define su objeto de la siguiente manera: “La presente ley tiene como objeto crear el régimen jurídico de responsabilidad penal para las personas jurídicas de derecho privado, definir los elementos del programa de prevención y gestión de riesgos penales y establecer los programas de prevención y gestión de riesgos penales que deben adoptar las entidades públicas”.

Este mismo proyecto, contempla que: “Las personas jurídicas de derecho privado responderán penalmente por los delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, contra el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, por todos aquellos delitos que afecten el patrimonio público”

De otro lado, el proyecto de ley 178 de 2020 (en adelante, proyecto Senado) define su objeto así: La presente ley establece un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional, y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Se perciben diferencias en ambos proyectos, por ejemplo, en el proyecto Cámara se plantea 4 grupos de delitos que obedecen a 4 bienes jurídicos a proteger, abarcando 88 delitos: 44 contra la administración pública, 13 contra el medio ambiente, 17 contra el orden económico, 5 contra el sistema financiero, 1 relacionado con la urbanización ilegal, 8 contra el contrabando, 6 relacionados con el lavado de activos y 4 contra el apoderamiento de hidrocarburos.

Todo esto para decir que aunque la intención es buena, en el proyecto Cámara se echa de menos la técnica  para poder identificar a la persona jurídica como sujeto activo de un delito realmente, porque en la inmensa mayoría de los delitos contra la administración pública se requiere de lo que se denomina un sujeto activo calificado, que para el caso tiene que ser un servidor público, condición que la persona jurídica hasta ahora no puede ostentar; por lo que sería provechoso por pedagogía limitarlos a aquellos en los que sí pueda adecuarse la conducta, por ejemplo: Cohecho por dar u ofrecer, (Art 407 CP), acuerdos restrictivos de la competencia (Art 410A), tráfico de influencias de particular ( Art 411A), usurpación de funciones públicas (Art 425A), soborno transnacional( Art 433), omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes (Art. 434A), defraudación o evasión tributaria. (Art 434B), etc.

El alcance del proyecto Senado es más limitado, incluso excluye desde su objeto, los delitos contra la administración pública que puedan cometer las personas jurídicas, lo cual seguro acarreará debates en contra de esa posición por la importancia que reviste en la lucha contra la corrupción los protocolos y las maneras como las empresas privadas deben relacionarse con el estado, mucho más porque la mayoría de los compromisos internacionales del país obligan incluir este tópico.

Lo cierto es que ambos proyectos de ley encumbran el Compliance como herramienta no solo para la prevención del delito corporativo sino para la defensa judicial en caso de que la persona jurídica resulte perseguida penalmente por alguno de los delitos enunciados, de allí que el proyecto de Cámara diga que: “La persona jurídica no será responsable penalmente por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 100A del Código Penal” (…) con la condición entre otras de que (…) “El órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, programas de prevención y gestión de riesgos penales que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión “

Por su lado el proyecto Senado, establece que (…)  “ La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumple la siguiente condición: que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, un compliance penal para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Si el modelo de gestión y organización es adoptado de forma parcial, esta circunstancia se tendrá en cuenta para una atenuación de la pena. En tratándose de empresas de pequeñas dimensiones la función de supervisión puede ser asumida por el órgano de administración”.

Como elemento interesante es el componente resocializador de la pena que tan difícil se ha tornado para las personas naturales y que en esta oportunidad se insiste para las personas jurídicas, en la dogmática penal, es un fin de la pena que las personas se rehabiliten y se reincorporen a la sociedad y esta norma quiere trasladar este “ideal” al ente jurídico al abrir la posibilidad de corregir comportamientos y demostrar compromiso con su no repetición para redimirse y volver a participar en el mercado, así: (…) podrá acogerse a la posibilidad de rehabilitarse durante el período que dure la pena o después de ésta, si adopta un compliance programa eficaz, y además que se compruebe ruptura de todos los vínculos con las personas u organizaciones que participaran en las conductas ilícitas”. En otras palabras, el compliance penal se erige como un elemento antes, durante y después de la sanción penal.

Como argumento sobredimensionado del proyecto Senado en nuestro concepto, es la calificación de derecho fundamental que le da al Compliance, algo que sugerimos se corrija en aras de la seriedad de la iniciativa.

Se ve con entusiasmo como a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, por lo menos en la iniciativa de Senado, se prevé la obligatoriedad del Compliance para las MYPIMES, obligaciones que deberán ser proporcionales a su capacidad y tamaño para no frustrar la integralidad de esta cultura en todo el contexto empresarial colombiano.

De lo anterior se puede concluir que ambas reformas buscan introducir la cultura Compliance por conducto de la norma, lo cual es una buena noticia en materia de transparencia. Igualmente se observa una especie de justicia premial al darle valor a la prevención y mitigación del riesgo penal,  al crear una ficción legal que le otorgue  a la persona jurídica la voluntad que echa de menos la dogmática penal que no concibe el delito sin voluntad y por lo tanto sin humanos, preconstituyendo  un método para medir la  “intención” de la empresa investigada  de cumplir o no  las normas y programas de cumplimiento.

Muchos temas de estos proyectos de ley quedan pendientes de análisis, siendo uno de ellos el Compliance en el sector público que el proyecto Cámara plantea en la descripción de su objeto, punto que merece todo el interés y que representa un gran reto para que no sea letra muerta bajo el entendido que habrá que abordarlo desde la inimputabilidad de las empresas estatales, es decir, sin que puedan ser sujetos de persecución penal pero que a la vez permita incorporar políticas de ética e integridad en sus actuaciones.

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PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN NOTARIAL

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN NOTARIAL

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) ha planteado el proyecto para la digitalización notarial a 2021, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante la implementación de nuevas tecnologías para simplificar los trámites.
Los anexos realizados por la SNR, pauta las características técnicas, la normativa, y funciones que deben cumplir las notarías para la prestación de servicios notariales electrónicos; para lograrlo establece unas condiciones, lineamientos, estándares, directrices técnicas de seguridad, interoperabilidad, integridad, disponibilidad, no repudio, confidencialidad y accesibilidad.
La siguiente es la evolución normativa de este tema

  1. Decreto ley 960 de 1970
  2. Ley 962 de 2005
  3. Decreto 019 de 2012
  4. Decreto ley 1995 de 2019
  5. Decreto ley 2106 de 2019
  6. CONPES 3975 de 2019
  7. CONPES 3975 de 2020
  8. Decreto 620 de 2020
  9. Decreto 2052 de 2020

Entre los lineamientos generales para los trámites electrónicos se encuentran:

  1. Deben obedecer a los procedimientos definidos en físico y garantizar la seguridad jurídica para evitar las suplantaciones.
  2. Todos los trámites efectuados vía virtual deben tener trazabilidad integral.
  3. La solución tecnológica debe garantizar los principios de interoperabilidad, seguridad, oportunidad, disponibilidad e integridad.
  4. La solución tecnológica debe estar implementada para entornos web y móvil.
  5. La interfaz de los trámites debe tener la descripción del trámite, los requisitos para llevarlo a cabo, los pasos a seguir, la tarifa y los medios de pagos electrónicos.
  6. La solución tecnológica debe ser modular.
  7. Implementación de una codificación para garantizar la autenticidad, inalterabilidad y singularidad del documento.
  8. Debe tener un mecanismo adicional de verificación de rogación notarial.
  9. Debe permitir los pagos de servicios a través de los canales electrónicos cumpliendo los controles de seguridad y protección de datos, además de otras normas establecidas por las autoridades competentes.
  10. La solución tecnológica debe permitir que el usuario envíe y cargue a la notaría los documentos necesarios para la ejecución del trámite notarial.

Para realizar estos trámites debe tenerse un sistema de autenticación que ofrezca los niveles alto, y muy alto según la necesidad. Esta autenticación se distinguirá en dos etapas: Registro y Autenticación.
La SNR adjunta una lista de procesos para los trámites notariales que contiene los requisitos, los tipos de presentación que requiere, y la vigencia del soporte, que podrá ser descargado del enlace: https://www.supernotariado.gov.co/proyecto_digitalizacion_notarial.html

 

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¿Cómo calcular la liquidación laboral y qué hacer si no se la pagan?

¿Cómo calcular la liquidación laboral y qué hacer si no se la pagan?

Publicado en: ¿Cómo calcular la liquidación laboral y qué hacer si no se la pagan?

Los vínculos laborales pueden terminar en cualquier momento y, aunque se trate de un contrato a término fijo o indefinido, habrá dos palabras que deben estar siempre presentes: liquidación laboral.

Un contrato se puede terminar por múltiples situaciones: la muerte del trabajador, mutuo consentimiento, expiración del plazo fijo pactado, la terminación de la obra o labor contratada, liquidación o clausura definitiva de la empresa y la suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días o por decisión unilateral.

En este pódcast de la revista Dinero le contamos los beneficios que puede obtener al momento de una liquidación laboral, las prestaciones sociales que se deben tener en cuenta para calcular el monto que recibirá y los deberes que usted también tiene como empleado. 

Los expertos que responden a las principales inquietudes y le brindan recomendaciones en este episodio son Mario Andrés Rodríguez, Senior Manager del área Legal de BDO en Colombia; Santiago Martínez, socio de Godoy Córdoba Abogados; Camilo Cuervo, socio director de la Unidad de Derecho Laboral de ‎Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados; Ghilmar Borrero Mora, socio de la firma CRL Legal y Carolina Camacho, socia de Posse Herrera Ruiz.

Haga clic para escuchar el podcast completo.


Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores

Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores

 

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Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Publicado en: Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Eduardo Cardona Mora

Presidente CRL Compliance, Risk & Law 

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En materia de derecho penal evidenciamos en principio tres delitos. El primero es el de homicidio con dos causales de agravación punitiva, como lo es poner a la víctima en estado de indefensión y la sevicia, lo que podría representar entre 400 y 600 meses de prisión. El delito de tortura al que se refiere el artículo 178 del Código Penal, con dos causales de agravación punitiva: haber sido ejecutado por servidores públicos y, además, utilizando bienes del Estado, que es castigado hasta con 360 meses de prisión (es posible que la tortura termine subsumida por los agravantes del homicidio, pero ya será otra discusión). Y un tercer delito es la privación ilegal de la libertad, que trae consigo sanciones de entre 48 y 90 meses de prisión, por supuesto, que con penas accesorias como la pérdida del empleo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas, así como millonarias multas. Lo decimos con conocimiento de causa porque hemos representado a más de 300 víctimas de agentes estatales.

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