Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Publicado en: Homicidio del abogado Javier Ordóñez: ¿qué puede hacer la familia?

Eduardo Cardona Mora

Presidente CRL Compliance, Risk & Law 

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En materia de derecho penal evidenciamos en principio tres delitos. El primero es el de homicidio con dos causales de agravación punitiva, como lo es poner a la víctima en estado de indefensión y la sevicia, lo que podría representar entre 400 y 600 meses de prisión. El delito de tortura al que se refiere el artículo 178 del Código Penal, con dos causales de agravación punitiva: haber sido ejecutado por servidores públicos y, además, utilizando bienes del Estado, que es castigado hasta con 360 meses de prisión (es posible que la tortura termine subsumida por los agravantes del homicidio, pero ya será otra discusión). Y un tercer delito es la privación ilegal de la libertad, que trae consigo sanciones de entre 48 y 90 meses de prisión, por supuesto, que con penas accesorias como la pérdida del empleo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas, así como millonarias multas. Lo decimos con conocimiento de causa porque hemos representado a más de 300 víctimas de agentes estatales.

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Lecciones legales

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Eduardo Cardona Mora

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Varias enseñanzas nos ha dejado la pandemia en el campo legal. Una de ellas es que no siempre vamos a tener un juez esperándonos para solucionar nuestros conflictos o que ante la ausencia de un juzgado, demostramos que podemos apelar al sentido común y al diálogo: pactando, transigiendo, componiendo y conciliando.

Para sobrevivir, tuvimos que despertar herramientas de negociación que llevaban dormidas en los códigos, miradas con desdén por quienes nos dedicamos al derecho contencioso.

Durante los últimos 20 años, hemos despreciado a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) como institución jurídica que busca ver a un ciudadano autónomo, capaz y empoderado de la resolución de sus propios conflictos sin acudir automáticamente a instancias desgastantes como las judiciales.

Los MASC con reducido éxito a la fecha, son enseñados en libros y en las facultades de derecho como la receta para contribuir con la descongestión judicial que es de lejos, la problemática más grande de nuestro sistema de justicia.

Pero los MASC, no han pasado de ser una narrativa académica con algunas excepciones como el arbitraje, que como se conoce, es señalado de ser una justicia elitista, gobernada por las Cámaras de Comercio y solo al alcance de quienes pueden pagar millonarios honorarios por prestigiosos abogados que de manera temporal fungen como jueces de la República, lo que la hace efectiva y confiable pero que no soluciona el nivel de conflictividad de una sociedad pleitera que congestiona los tribunales con casos que en muchas ocasiones, con un poco de creatividad y voluntad, podrían resolverse con instrumentos como la conciliación, la transacción, la mediación, la evaluación neutral, la peritación experta, los jueces de paz o la amigable composición, que por cierto, solo encuentra regulación en Colombia y podría revolucionar la manera como tramitamos las diferencias

Una de las lecciones que nos puede dejar la pandemia, podría ser el rompimiento del paradigma litigioso que nos ha acompañado como nación. No habrá momento más propicio que la conciencia que nos deja esta coyuntura para intentarlo y poner al servicio de un nuevo paradigma, nuestras habilidades de persuasión que, hasta ahora, solo han sido encaminadas a convencer a los jueces y no a las contrapartes

Los abogados tenemos la enorme responsabilidad de introducir en las empresas y clientes que representamos, la cultura de la prevención del riesgo litigioso, adoptando la negociación y la mediación con rigor y como primera opción, así contribuimos no solamente con la descongestión judicial, sino con la economía nacional que no requiere litigios evitables que golpeen los negocios, y en cambo sí resultaría útil, la cooperación entre las partes de un contrato que se necesitan mutuamente para superar esta crisis, de lo contrario, no aprendimos ninguna lección y continuaremos padeciendo una justicia jurásica que según la judicatura en los últimos 30 años, su demanda creció 350% pero solo 20% en jueces, arrojando la dramática cifra de 11 jueces por cada 100 mil habitantes frente a un promedio Ocde de 65 togados.

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Tribunal cuestiona operativo en el que Policía lanzó químico a un bar

Tribunal cuestiona operativo en el que Policía lanzó químico a un bar

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El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la condena a dos uniformados de la Policía por la muerte de seis personas en un amanecedero del sur de Bogotá en medio de un operativo en el que se lanzó un gas dentro del local donde había alrededor de cien personas.

Los magistrados compulsaron copias para investigar a la alcaldía y a más policías por esos hechos registrados durante la celebración de amor y amistad de 2013.
En la decisión se ratifica la condena a los uniformados Yuri Isleny Rodríguez García y Javier Orlando Murcia Monroy a cinco años y ocho meses de cárcel por el delito de homicidio culposo.

La condena está relacionada con los hechos registrados en el Club Privado Deportivo Night Club, ubicado en el sur de Bogotá, que el 13 de septiembre de 2013 estaba abierto a las 4:30 de la mañana, a pesar de las restricciones vigentes para el funcionamiento de la rumba en la ciudad.

Los uniformados llegaron al sitio y luego de un rato fueron respaldados por otros policías, uno de los cuales lanzó un “agente químico” por una ventana. Luego se observó una reacción en cadena de las personas que se encontraban en el local y que intentaban salir desesperadamente pasando por encima de quienes iban quedando en el camino. Minutos antes otro uniformado había rociado en varias ocasiones otra sustancia por debajo de la puerta.

Inicialmente fueron imputadas cinco personas, entre ellas dos de los policías, además de Luz Marina de la Peña Rozo, administradora del sitio, y José Gregorio Luna Murcia, el portero, y el alférez Camilo Ernesto Chavarro Murillo. Solo dos fueron condenados, pues a los demás les imputaron lesiones personales, delito que prescribió durante el proceso.

El abogado Eduardo Cardona Mora, que representa a la familia de una de las víctimas, consideró que la decisión es un paso adelante en la necesidad de verdad y reparación que requieren las personas que resultaron afectadas por el procedimiento.

Añadió que hay un proceso avanzando en el que está pendiente por fallar la reparación económica que recibirán las familias de las víctimas.

Igualmente señaló que es muy importante que en el segundo fallo quedó descartado que los uniformados hubieran acudido a atender una pelea, con lo que se había pretendido justificar el operativo. Indicó que también se debe establecer la responsabilidad de la administración local por la ausencia de medidas para hacer cumplir las normas y evitar el funcionamiento de ese tipo de establecimientos durante la madrugada.

“A pesar del esfuerzo declarativo para pintar un escenario del que se reclamaba una inmediata irrupción de la policía, la supuesta causa de la intervención no se compadece con, si acaso, el insular hecho de unos contendientes; es decir, no se tiene prueba que en efecto se haya invocado tal presencia por llamados para aplacar tal suceso”, se lee en la sentencia al descartar la hipótesis de la pelea.

Y añade que las versiones sobre las peleas dentro del bar y del lanzamiento de botellas entre los clientes solo buscaba evadir la responsabilidad de los uniformados que participaron en el operativo.

El tribunal cuestionó el uso de un agente químico dentro de un sitio cerrado que terminó por afectar el comportamiento de quienes se encontraban allí.
“Ni las normas citadas ni la razonabilidad como la sensatez convergen a favor del uso de agentes químicos hacia el interior de un recinto cerrado, y menos si la razón es simplemente facilitar su ingreso, ya sea con autoridad o no de la ley”, señala el tribunal.

Y añade: “Se debe recordar que los manuales indican que este tipo de sustancias causan una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que solo desaparecen, incluso en breve tiempo, siempre y cuando concluya la exposición al agente, lo que difícilmente se logra en esos espacios en los que ni uno ni otro se pueden desligar, en la medida que sustancia e individuo se mantienen concentrados”.

En el expediente hay declaraciones de asistentes al bar que narran los efectos del gas, que incluyeron ahogamiento, desmayos, ardor en la cara y en general “alteración y desesperación”.

Esto, sumado a que las personas habían consumido licor, tendría una “alta probabilidad de una reacción colectiva con los funestos resultados que se conocen”.

“De esta manera se trató de un comportamiento desproporcional frente a cualquiera de los fines que Murcia Monroy y su equipo policivo buscaban, ya sea terminar con el servicio ofrecido por el negocio en horario no permitido o acabar con una pelea”, se lee en la decisión.

El tribunal no se explica cómo ese establecimiento funcionó durante alrededor de dos años, “pese a las constantes quejas de la vecindad y sellamientos por parte de uniformados de la Policía Nacional”. Por ello compulsó copias con destino a la Alcaldía Mayor, “para que, de no haberse hecho, proceda a investigar si esa situación se debió a falencias de la normatividad, para entonces vigentes, o a maniobras tendientes a evadir la ley”.

También se ordena investigar penal y disciplinariamente al uniformado que lanzó el agente químico por la ventana.

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Responsabilidad penal empresarial

Responsabilidad penal empresarial

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Eduardo Cardona Mora

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El país y particularmente el empresariado, debe estar preparado para una de las reformas más importantes en el derecho sancionatorio que modificará la manera cómo las empresas se relacionan con sus clientes, proveedores, aliados y en general con todos sus stakeholders.

Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, convirtiéndolas así en sujetos que podrán ser perseguidos penalmente como sucede con las personas naturales. La pregunta que toca hacer en este momento es ¿están preparados los empresarios para este cambio?

De la misma manera que sucede en varios países de Europa, en Reino Unido, Estados Unidos y países de la región como Argentina, Chile, Perú y México, en Colombia será una realidad cercana, en la cual se verá a una empresa junto con sus socios, directivos y empleados en el banquillo de los investigados, siendo procesada, condenada o absuelta por los jueces penales.

No hay duda de que será uno de los debates legales más trascendentales de los últimos años en materia punitiva en el país porque confronta y desafía toda la tradición jurídica del país y de la dogmática penal que por décadas ha marcado la línea de esta disciplina y que no concibe, que quien carece de voluntad, y por lo tanto de culpa o dolo en sus actuaciones, como pasa con la persona jurídica, pueda ser imputada de manera autónoma por un delito corporativo.

Lo cierto es que la reforma es inevitable, no solo porque vivimos en lo que se ha denominado la era de la hipertransparencia, en la cual las empresas deben evidenciar y responder por las buenas prácticas empresariales, sino porque ha sido una herramienta del club de los países Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) al que pertenece Colombia para generar un ecosistema económico basado en la reputación, la transparencia y la prevención del crimen empresarial.

En los países donde opera la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha representado un nuevo reto en materia de competencia para el empresariado. En Colombia, debemos asumirlo también como una oportunidad para demostrar el compromiso y el interés de los empresarios por detectar, prevenir y repudiar los delitos al interior de sus compañías que lesionen el mercado.

El camino que queda es prepararse para entender este nuevo paradigma e ir alistando a las empresas para que permanezcan lejos de los tribunales penales, sin embargo, en caso de tener que enfrentar un proceso criminal, por cualquier delito económico que ponga en riesgo la reputación de la compañía, como corrupción, soborno, lavado de activos, ciberdelitos, violación de datos personales, delitos contra el consumidor, delitos ambientales, entre otros, tener a la mano un programa de cumplimiento penal que permita probarle a un juez y a los terceros, que en caso de concretarse hechos delictivos, estas son acciones personales, que van en contra de las buenas prácticas corporativas que han establecido las empresas, y por lo tanto serían motivo de exoneración de la responsabilidad penal empresarial.

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El uso de tecnología para bajar ‘tramitomanía’ judicial

El uso de tecnología para bajar ‘tramitomanía’ judicial

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Eduardo Cardona Mora

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El presidente de CRL Legal, Eduardo Cardona Mora, es una de las personas que promueve el uso de la tecnología para bajar la ‘tramitomanía’ judicial. Indica que “durante generaciones hemos escuchado”, que “la justicia cojea, pero llega”, “que la vida útil de un abogado son dos procesos ordinarios” o que, “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”. Esta ha sido la narrativa con la que explicamos nuestra administración de justicia desde siempre y no es para menos”.

Desde la década de los 90, según la judicatura, la demanda de justicia ha aumentado 350% mientras que los jueces apenas un 20%. “Al parecer, se abre una esperanza de la mano de la tecnología para nuestro sistema judicial, en el marco de la cuarta revolución industrial que nos permite estar ad portas de un avance sin precedentes en la descongestión de la justicia”, sostiene.

Indica que “se necesitó una pandemia para adoptar normas que ya estaban en nuestra legislación desde hace 20 años como la Ley 527 de 1999, que desde entonces autorizó la firma digital; o la presunción de autenticidad de los documentos firmados sin trámite notarial pero sin eco en la rama judicial para documentos esenciales como los poderes; o la autorización para el uso de los correos electrónicos para trámites judiciales permitida desde hace casi 10 años por las leyes 1564 de 2012 (CGP)  y 1437 de 2011 (CPACA)  y aunque ya hay juzgados limitando horarios para enviar correos electrónicos, tenemos esperanza de que no estropeen esta oportunidad de facilitar las cosas para los usuarios”.

Sostiene que “a la Corte Constitucional, por ejemplo, ya no llegarán en físico 123 mil tutelas represadas por la pandemia. La Pandemia y las TIC nos reformarán la justica, siempre y cuando, de acuerdo con nuestros roles judiciales, tengamos compromiso y permitamos que la tecnología haga el trabajo mecánico que lesiona la economía procesal y acabemos con esa ‘barandiada’ de abogados y jueces con expedientes de papel, que representan no sé cuántos bosques talados en nuestras manos”.

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IDEAS PARA HACER AVANZAR AL PAIS DESDE EL SECTOR LEGAL

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Eduardo Cardona Mora

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Nuestra firma CRL Legal, fue invitada por el periódico La República para opinar en el especial: Ideas para hacer avanzar el país. Desde el sector legal esta es nuestra opinión:

 

 


Tomada de https://www.freepik.es/fotos-premium/viales-vacuna-covid-19-encuentran-pila-dinero-drogas-costosas-coronavirus_7575999.htm#page=1&query=corrupcion%20salud&position=0

La corrupción y el lavado de activos en sector salud en época del coronavirus

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Eduardo Cardona Mora

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En Colombia ha venido abriéndose camino la cultura del cumplimiento y del compliance penal corporativo, en buena parte por los compromisos adquiridos con la membresía del país a la Ocde, cuyas exigencias en adoptar medidas en la lucha contra la corrupción pública y privada son improrrogables. Es por ello que el Estado viene adecuando su legislación interna con el objetivo de generar compromiso entre los distintos agentes económicos de participar en el mercado con conductas transparentes y códigos de ética que permitan prevenir, detectar y reportar posibles delitos que se pueden presentar en el giro ordinario de sus negocios.

Cobra entonces relevancia la gestión del riesgo penal corporativo donde la omisión y la negligencia por parte de empleados, directores, socios y máximos órganos de administración de las compañías son reprochadas y objeto de sanción, arrogándoles, incluso, a tales comportamientos omisivos, responsabilidades penales individuales y próximamente corporativas, siempre y cuando el Congreso apruebe la iniciativa de atribuirles responsabilidad penal a las personas jurídicas como medida de la lucha contra del crimen empresarial, tal como sucede ya en Europa, EE UU, Reino Unido, así como en el vecindario: Chile, México, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina.

Existen sectores que vienen blindándose contra los delitos corporativos y muy particularmente el del lavado de activos y financiación del terrorismo y sus más de 50 delitos conexos (C. P., art. 323). El ejemplo de referencia es el sector financiero, pero, incluso, actividades como la de juegos de suerte y azar que carga con el estigma cada vez menos merecido de prestarse para blanqueo de capitales, viene adoptando prácticas y sistemas de prevención de lavado de activos, como el SIPLAFT (Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) por exigencia de Coljuegos.

Lamentablemente, como sucede en muchas ocasiones en asuntos de transparencia, las normas “no pegaron” en buena parte del sector salud. Prueba de ello es el incumplimiento generalizado de la Circular 009 del 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud que hace obligatorio la implementación del SARLFAT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) en los prestadores de salud públicos y privados, estando el mayor incumplimiento en las empresas sociales del Estado (ESE).

Esta situación en tiempos del coronavirus (covid-19) para hablar en términos epidemiológicos, es un factor de riesgo de contagio de prácticas corruptas y de blanqueo de capitales por el ambiente propicio para la propagación de estos delitos por la falta de controles con relación al flujo de capitales que una emergencia económica, social y ecológica como la que atravesamos garantiza, Debido al aumento de las transferencias del Gobierno Nacional, la flexibilidad en las normas de contratación y la necesidad de contar con proveedores y contratistas a contrarreloj con ausencia total de un SARLAFT que controle y mitigue el riesgo de que las entidades del sistema de salud: EPS, IPS, ESE terminen siendo utilizadas por estructuras criminales que busquen darle apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas.

Esta es la razón por la que la Superintendencia Nacional de Salud debe activar todos los controles para verificar el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y honrar su propia circular pasada por la faja en sus narices, con ello, contribuiría con la cultura compliance que reclama el mercado y, sobre todo, protegería los recursos de la salud que hoy más que nunca en tiempos del coronavirus deben estar a disposición de la vida de los colombianos.


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