Nuestro Compliance es mucho más que programas de cumplimiento para satisfacer exigencias legales de las diferentes Superintendencias y entidades de inspección, control y vigilancia. Para nosotros es una oportunidad de diseñar e implementar una gran herramienta de gestión operativa, legal y reputacional para las organizaciones que confían en el equipo de CRL LEGAL.
Cualquiera que sea el programa de cumplimiento que desarrollemos: PTEE, LA/FT/FPADM, Programa Integral de Gestión de Datos Personales -PIGDP-, Protección de la Libre Competencia Económica -PLCE-, Compliance Ambiental o Compliance Penal, siempre buscamos que agreguen valor a los procesos administrativos y representen eficiencia y beneficios a nuestros clientes.
Por eso, desde el primer momento en que llegamos a las empresas iniciamos con nuestro equipo transdisciplinario un proceso de inmersión y conocimiento del contexto interno de las organizaciones y de las áreas en las que impactarán los programas de cumplimiento, para garantizar que desde el diseño hasta la implementación se actúe con pertinencia y a la medida de los procesos propios de las compañías y de su gobernanza. En CRL LEGAL, comprendemos los programas de cumplimiento como impulsores de eficiencias y no como obstáculos de la operatividad.
Conocer el contexto externo y el mercado relevante en el que se desarrolla cada empresa, es de suma importancia para prevenir, identificar, tratar y mitigar los riesgos que se requieren gestionar, por esta razón nos ponemos en los zapatos de nuestros clientes reconociendo su estructura, su cultura, su manera de hacer las cosas, las características de sus responsables y los riesgos inherentes que le dan su propio carácter y la diferencian de otras empresas del sector.
En CRL LEGAL estamos comprometidos con acompañar a las empresas colombianas y latinoamericanas para asumir con éxito: “La Era de la Hipertransparencia”, un momento histórico en el que el mundo de los negocios, las legislaciones de los países desarrollados y en desarrollo, las convenciones, los tratados internacionales y las recomendaciones OCDE apuntan a la protección de las economías con instrumentos que contribuyan a la trasparencia de los mercados, la protección de los datos personales y de la información, el respeto a la libre competencia, la conservación del medio ambiente, la lucha contra el crimen transnacional, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción pública y privada.
En este contexto, los retos de las empresas en la gestión de sus riesgos son enormes: Los riesgos reputacionales, de contagio por la posible opacidad con que sus terceros actúen, los riesgos sancionatorios y económicos producto de investigaciones por parte de las entidades de inspección, control y vigilancia, sin lugar a dudas, requieren de acciones contundentes que envíen mensajes claros a sus stakeholders de su compromiso corporativo frente al cumplimiento normativo, la ética en los negocios y con el principio de la debida diligencia como base de la prevención.
Nuestros programas de cumplimiento generan como primer beneficio el aumento de la confianza de las terceras partes que pueden observar las buenas prácticas en el desarrollo del objeto empresarial; además de contar con herramientas tecnológicas que permiten su eficiencia y oportunidad en la gestión de los riesgos y la aplicación de la normatividad.

CRL LEGAL, es pionera en Colombia al implementar el primer PLCE ordenado por la SIC en acto administrativo y se encuentra diseñando el primer programa adoptado por una empresa industrial del estado.
CRL LEGAL, es la única firma experta en Compliance que ha debido en calidad de consultora cumplir para uno de nuestros clientes la primera orden administrativa en la historia de la SIC de diseñar e implementar un Programa para la Protección de Libre Competencia Económica. De igual forma, se encuentra en la etapa de diseño del PLCE para una empresa industrial del Estado que por invitación de la SIC adopta un programa de buenas prácticas en materia de libre competencia económica.
Colombia acoge un modelo de economía capitalista bajo las normas del libre mercado con una intervención y regulación estatal que se manifiesta en la inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta autoridad en materia de libre competencia busca proteger el mercado de prácticas como: actos y acuerdos restrictivos de la competencia, abusos de posición dominante y actos de competencia desleal.
Programa para la Protección de la Libre Competencia Económica -PLCE- bajo la Norma NTC 6738 de 2020 y las recomendaciones de la OCDE.
El programa PLCE que diseñamos e implementamos en CRL LEGAL, se realiza bajo la norma técnica colombiana que la Superintendencia de Industria y Comercio ordena en caso de sanción administrativa o sugiere en caso de recomendación; así como las recomendaciones internacionales por parte de la OCDE.
Un verdadero PLCE es una herramienta fundamental para trasladar eficiencias al consumidor como beneficiario principal de una libre competencia, la cual se ve reflejada en mejores precios y mejor calidad de los productos puestos en el mercado por competidores que se enfrentan en “franca lid”.
En sentido contrario y precisamente lo que la SIC investiga y sanciona son los carteles empresariales, las barreras artificiales, actos y acuerdos que impidan el libre ejercicio de la oferta y la demanda a través de desviaciones y prácticas restrictivas que terminan elevando los costos de producción, impidiendo las economías de escala y limitando la llegada de productos de calidad a los mercados.
El PLCE para la Libre Competencia en las compras públicas: Gestión al riesgo de colusión
El PLCE es un instrumento generador de confianza frente a la integridad con la que una empresa asiste a la competencia en el marco de la contratación estatal, un PLCE le da la tranquilidad al Estado como consumidor y distribuidor de bienes y servicios para el cumplimiento de sus fines, de que una empresa cumple las reglas de la libre competencia y respeta los principios de economía, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

Cada vez más la legislación colombiana amplía el marco de exigencia normativa para todos los sectores de la economía en materia de lucha contra la corrupción, el fraude, el soborno y la opacidad. Si bien es cierto la pionera de los programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) fue la Superintendencia de Sociedades con la expedición de la Ley 1778 de 2016, en la actualidad no es la única que tiene la obligación de exigir a sus vigilados la implementación de los PTEE.
En este sentido, la Ley 2195 de 2022 le da “dientes” a los organismos de inspección, control y vigilancia al determinar claramente que: “Las respectivas Superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control determinarán el contenido de los programas de transparencia y ética empresarial teniendo en cuenta criterios tales como el sector, los riesgos del mismo, el monto de los activos, ingresos, el número de empleados y objeto social.” (Art. 9)
LOS RIESGOS DE NO CONTAR CON EL PTEE Y LAS OPORTUNIDADES DE HACERLO
Las empresas que no cuenten con dichos programas bajo los parámetros de cada Superintendencia, serán sujetas de sanciones económicas y aumentarán el riesgo litigioso y reputacional, en cambio, aquellas empresas que asuman el compromiso de contribuir a la protección y transparencia de los mercados a través de una eficiente adopción de los programas podrán contar con una herramienta para gestionar sus riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno transnacional, constituyéndose además en la mejor defensa administrativa y judicial en caso de que terceras personas involucren a las organizaciones con comportamientos delincuenciales o antiéticos, en escándalos y episodios de corrupción adquiriendo un valor probatorio determinante para gestionar la reputación y demostrar ante las autoridades que tales hechos son ajenos a la voluntad de la empresa y su alta dirección.
CRL LEGAL, Compliance, Risk and Law SAS, cuenta con profesionales altamente formados y con la experiencia que se requiere para implementar las herramientas jurídicas, las matrices de riesgos y controles, procedimientos y políticas para el PTEE que se convertirá en una valiosa herramienta administrativa para la organización y una ventaja competitiva en el mercado, además pone a disposición de nuestros clientes las herramientas tecnológicas para generar eficiencias en la implementación de estos programas.

La legislación colombiana en cumplimiento de compromisos internacionales en la lucha contra el crimen transnacional y de alto impacto económico como es el lavado de activos, el terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico entre otros ha ampliado la base de empresas y organizaciones obligadas a diseñar e implementar un programa de prevención de LA/FT/FPADM.
Los sistemas de detección y prevención de este riesgo: SAGRILAFT, SARLAFT Y SIPLAFT, tienen como objetivos:
– Evitar que las empresas sean usadas como medio para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas y de esta manera sean introducidos a la economía formal.
– Evitar financiación de grupos terroristas con recursos lícitos o ilícitos de la empresa o un tercero, a través de esta.
Incurrir en este tipo de situaciones, representa para la organización graves consecuencias LEGALES, REPUTACIONALES, DE CONTAGIO Y OPERATIVAS.
En CRL LEGAL, diseñamos e implementamos programas de prevención de LA/FT/FPADM, cumpliendo con la normatividad legal correspondiente al sector económico; diseñando manuales, políticas, procedimientos, matrices de riesgos y controles, apoyados por las herramientas tecnológicas que se requieren para que se adecúen a las características y necesidades de cada organización. Ejercemos como Oficial de Cumplimiento (servicio tercerizado) o acompañando a quien haya sido designado para este rol.
Contamos con la experiencia y conocimiento de los sistemas de prevención en los diferentes sectores y entidades que los vigilan.
Protección Libre Competencia Económica – PLCE
CRL LEGAL, es pionera en Colombia al implementar el primer PLCE ordenado por la SIC en acto administrativo y se encuentra diseñando el primer programa adoptado por una empresa industrial del estado.
Transparencia y Ética Profesional – PTEE
Cada vez más la legislación colombiana amplía el marco de exigencia normativa para todos los sectores de la economía en materia de lucha contra la corrupción, el fraude, el soborno y la opacidad.
Prevención Lavado de Activos
La legislación colombiana en cumplimiento de compromisos internacionales en la lucha contra el crimen transnacional y de alto impacto económico como es el lavado de activos

En la actualidad los datos personales se han convertido en uno de los activos intangibles más valiosos y necesarios para las empresas y los negocios, pero el inadecuado uso de estos puede acarrear serias consecuencias legales para los responsables, las fallas en la seguridad de la información representa riesgos operativos necesarios de identificar, gestionar y mitigar.
El uso de la tecnología, el desarrollo de software y la conectividad con el mundo proporcionó a las empresas un avance significativo en sus modelos de negocio y les permitió ser más productivas en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, sin embargo, estas útiles herramientas también representan para las organizaciones grandes riesgos, que muchas desconocen o prefieren ignorar.
En CRL LEGAL Compliance, Risk and Law lo asesoramos para lograr una adecuada administración y protección de datos personales, así como la gestión de la seguridad de información, bajo una visión integral y eficiente:


En Colombia cada vez se generan más exigencias legales para las empresas relacionadas con la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esta realidad ha venido obligando a las organizaciones a planificar, diseñar y desarrollar sus actividades productivas con seguimiento a normas nacionales y tratados internacionales que les imponen la necesidad de tener mayor conocimiento sobre el sistema legal ambiental que de la mano de un programa de cumplimiento les permita participar en los mercados en armonía con las nuevas regulaciones estipuladas en la normativa nacional (Código Penal, leyes y actos administrativos), y en tratados internacionales ratificados por Colombia como es el caso del acuerdo de Escazú con influencia no solo en el territorio colombiano sino también en América Latina y el Caribe.
El acuerdo de Escazú ha incorporado al sistema de protección ambiental los denominados derechos de acceso que se dividen en: i) el derecho a la información, ii) el derecho a la participación en las decisiones ambientales y iii) el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. El activismo ambiental que ello significa obliga a que las empresas estén preparadas tanto para tramitar las solicitudes de información de los grupos de interés ambientales como para defender sus proyectos de cara a los “informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental”, el cual es promovido en el numeral 13 del artículo 7 del acuerdo.
Escazú también impone cumplimientos por parte de la empresas, en materia de derechos de consumidores al exigir que estos “cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles” (numeral 6 del artículo 6 del acuerdo).
LOS DELITOS AMBIENTALES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS A PERSONA NATURALES Y JURÍDICAS EN COLOMBIA:
La regulación de delitos ambientales tuvo cambios importantes en materia sancionatoria con la expedición de la Ley 2111 de 2021 para las personas naturales y jurídicas. Se crearon nuevos tipos penales, penas sancionatorias y privativas de la libertad por la comisión de conductas que atenten contra el medio ambiente y los recursos naturales, entre ellas: el ecocidio, la contaminación ambiental, la promoción y financiación de la deforestación, la deforestación, entre otros.
Por su parte, la Ley 2195 de 2022 que modificó el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, establece también responsabilidades para las personas jurídicas por la comisión de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, entre otros.
Bajo este contexto nuestra firma Compliance, Risk and Law, ofrece a las empresas colombianas el acompañamiento que se requiere para estar preparadas frente a estos retos regulatorios que traen las nuevas realidades normativas ambientales, el diseño e implementación de un programa de cumplimiento ambiental que permita medir, detectar, prevenir y mitigar los riesgos legales, operativos y reputacionales en esta materia.
Nuestro Programa de Compliance Ambiental, se diseña e implementa con base en la norma ISO 31000:2018 (Gestión del Riesgo) y la norma ISO 14001:2015 (Gestión de riesgos medioambientales en materia empresarial), y cuenta con las herramientas tecnológicas que permiten una mayor eficiencia en su adopción.

En el desarrollo de los negocios las empresas pueden ser utilizadas por terceros para cometer delitos que lesionen la transparencia de los mercados y afecten la reputación de dichas organizaciones, además de sanciones penales, económicas y administrativas para accionistas, administradores y representantes legales.
En CRL LEGAL, diseñamos e implementamos programas de Compliance Penal, que permitan la identificación y mitigación de estos riesgos, así como la adopción de controles para evitar su materialización. Estos programas se convierten en prueba judicial para la defensa ante las autoridades judiciales y administrativas.
Protección de Datos Personales
En la actualidad los datos personales se han convertido en uno de los activos intangibles más valiosos y necesarios para las empresas y los negocios.
Compliance Ambiental
En Colombia cada vez se generan más exigencias legales para las empresas relacionadas con la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Compliance Penal
En el desarrollo de los negocios las empresas pueden ser utilizadas por terceros para cometer delitos que lesionen la transparencia de los mercados y afecten la reputación de dichas organizaciones.